La Secretaría de Economía de México recibió la notificación canadiense poco después de hacerlo el gobierno estadounidense, y los defensores de Iberdrola en España y México descorcharon botellas pensando que el T-MEC paralizará la política nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El tema principal es intentar una marcha atrás en la política eléctrica mediante la cual el Gobierno tomó el control que estuvo en manos de Iberdrola, empresas de Estados Unidos y ejecutivos mexicanos, encabezados por Claudio X González, y ahora lo ejerce la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esto último significa que con la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica decretada por López Obrador, es esa entidad mexicana la que administra ese servicio, incluida su distribución.
Implica que la primera energía que sube a las redes nacionales es la que produce la CFE y no como hasta ahora la de los privados.
En esa nueva distribución, el Gobierno se preserva el 56 por ciento del mercado, mientras otorga a los privados el resto, lo cual no es una bicoca pues equivale a toda la energía producida por Argentina, pero aun así no lo aceptan.
Otra de las modificaciones es que la ley les elimina presuntas compensaciones y subvenciones consistentes en que cuando no producen energía solar o eólica, el estado se las compensa gratis.
Además, no pueden seguir vendiendo electricidad a terceros porque el contrato es de autoconsumo, es decir, producir energía eléctrica no para comercializar, sino para uso propio, lo cual no ocurre, por supuesto, y evadir impuestos por esa vía que nunca pagaron.
Ahora, al cambiar la ley, a Iberdrola se le acaba de multar en 425 millones de dólares por burlar las leyes y vender de forma encubierta electricidad de autoconsumo. Lo mismo ocurre con la cadena de tiendas EXXO.
Pero un juez de distrito, a quien se le abrió una tarjeta de investigación por presunta corrupción, liberó a Iberdrola de la multa, lo cual ya fue recurrido por el gobierno y el cual dijo que demostrará legalmente por qué tienen que pagar y no le van a condonar la multa.
Uno de los grandes temores de Iberdrola es que el ejemplo de México se repita en Brasil y otros países, incluida España, donde imperan sus intereses. La renacionalización de la electricidad en Francia puede ser un referente de sus temores.
El año pasado Iberdrola –que contrató como consejeros al expresidente Felipe Calderón y a Georgina Kessel, exsecretaria de Energía– reportó ganancias por tres mil 884,8 millones de euros, de estos 344,9 millones se obtuvieron en México por producción de electricidad y clientes ilegales.
Fue el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, quien reveló esos “resultados históricos” que tanto afectan al pueblo español, uno de los que paga más cara la electricidad en Europa y el mundo.
Canadá y Estados Unidos invocan el Artículo 31,2 referente a Ámbito de aplicación y el Artículo 31.4 sobre Consultas, del T-MEC, pero López Obrador declaró que no teme a la demanda promovida por Iberdrola y empresarios mexicanos, más que por canadienses y estadounidenses.
La Confederación de Cámaras Industriales, aliada de ellos, trasladó al Gobierno su “preocupación” por la solicitud de inicio de consultas que hizo Washington, y no es conveniente “entrar en controversias” con el principal socio del país, según su líder, el empresario José Abugaber Andonie.
López Obrador volvió a desestimar hoy repercusiones negativas para México por dicha consulta y aseguró que no va a a pasar nada simplemente porque no hay violación alguna del T-MEC.
Aclaró que va a recibir la queja, la va a analizar la Secretaría de Economía, pero con la convicción de que todo lo que están haciendo en materia energética es de conformidad con las leyes de México.
Si insisten, advirtió, le mandaría una carta al presidente Biden en la cual le preguntaría si está de acuerdo en que una familia mexicana pague más por la luz, proporcionalmente hablando, que una empresa como Oxxo, porque eso es lo que están defendiendo quienes hacen las reclamaciones.
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