Por medio de un comunicado, ese organismo de Naciones Unidas expresó respaldo a las intenciones de Petro de buscar una paz más amplia a través del diálogo con grupos armados que aún operan en ese territorio sudamericano.
El texto señala que los miembros del Consejo ya fueron informados sobre la intención de la administración entrante de iniciar conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia.
Al respecto, reiteraron que el proceso de paz allí continúa siendo un ejemplo para el mundo de la posibilidad de resolver el conflicto armado a través del diálogo.
Pero reiteraron su preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra exmiembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, que se integraron al proceso de paz, así como contra líderes comunitarios y sociales.
Los miembros del Consejo pidieron que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte rápidamente una política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales y subrayaron la necesidad de aumentar la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto.
En ese contexto, celebraron el compromiso de Petro con la prevención de la violencia contra los civiles.
Además, subrayaron la importancia de abordar los retos pendientes en materia de reforma rural y de reintegración y seguridad de los excombatientes.
Esto incluye la ampliación del acceso a la tierra y a la vivienda, la mejora de las oportunidades de educación y de empleo, y la garantía de apoyo a los muchos que viven fuera de las antiguas Zonas Territoriales de Capacitación y Reintegración.
Igualmente, el documento destaca la importancia de seguir aplicando el plan de acción del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Líderes y Defensoras de los Derechos Humanos.
Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aplaudieron los progresos realizados por la Jurisdicción Especial para la Paz, incluidas las audiencias públicas, en las que los autores reconocieron, en presencia de las víctimas, su responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
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