En varias oportunidades, el presidente Alberto Fernández denunció la implementación de un golpe financiero en su contra en medio de una compleja situación económica generada por la pandemia de la Covid-19, el conflicto en Europa y el endeudamiento del país por el exmandatario Mauricio Macri.
Macri, quien ocupó la jefatura del Estado de 2015 a 2019, contrajo un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones de dólares, además de otros con acreedores privados que elevaron ese monto a 100 mil millones y colocaron a esta nación en un difícil escenario.
A los intentos de desestabilizar la administración del Frente de Todos mediante la especulación, las corridas bancarias y la creación de incertidumbre con la ayuda de grandes medios de comunicación, se suman ahora actos para instar a agredir a dirigentes políticos y recurrir a otros métodos violentos.
El jueves pasado, un grupo de personas llegó a las proximidades del Instituto Patria y realizó amenazas de muerte contra la vicemandataria Cristina Fernández y los miembros de esa entidad, además de lanzar basura y patear las puertas de la misma.
«Cristina, ahora te toca la horca, es el único camino para deshacernos de ti. Lo haremos acá o delante del Senado”, afirmó un hombre con un megáfono.
Además, llamó a las Fuerzas Armadas a “definirse” e instó a usar ametralladoras para “liquidar” a los seguidores del kirchnerismo.
Esos actos, cada vez más recurrentes en manifestaciones convocadas por la alianza opositora Juntos por el Cambio y sectores ultraderechistas, fueron denunciados por el Instituto que también condenó la actitud pasiva de la Policía de la Ciudad, así como un saludo entre un uniformado y quien encabezaba las agresiones.
Por otra parte, el exmilitar y político Aldo Rico instó a las fuerzas castrenses a desconocer el Gobierno y estar preparadas para actuar contra el mismo.
“Cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer o perecer.
Les pido que se pongan de pie, recuperen su autonomía intelectual y política, se unan, se organicen y establezcamos un adecuado enlace. Tenemos que estar al lado de nuestras Fuerzas Armadas y el Ejército», señaló Rico en un video difundido en redes sociales.
Los pronunciamientos de uno de los organizadores de los levantamientos carapintadas en 1987 y 1988 contra la presidencia de Raúl Alfonsín (1927-2009) fueron repudiados de inmediato por organizaciones sindicales y sociales.
Asociaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y la Fundación Memoria Histórica y Social, denunciaron lo que consideraron un intento golpista y un ataque al sistema democrático.
También expresaron su rechazo la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y el Centro de excombatientes Islas Malvinas de La Plata, entre otros.
En varios comunicados, esas agrupaciones calificaron de inadmisibles las declaraciones de Rico y lo criticaron por reivindicar el terrorismo de Estado y reclamar impunidad para los genocidas.
Además, manifestaron su compromiso con la defensa de la paz y la justicia.
Rechazamos esta y otras expresiones, cuyo único objetivo es erosionar nuestro sistema democrático. Los llamados a la violencia o al desorden no aportan a las soluciones que los trabajadores necesitamos, señaló la CGT.
Por su parte, la APDH aseguró que actos de ese tipo atentan contra la Constitución y forman parte de la estrategia de la derecha golpista que alienta el caos político, social y económico para alzarse con el control del Estado e imponer el orden de los cementerios.
Llamamos a todas las organizaciones libres del pueblo a estar alertas y a tener memoria. Están en juego valores supremos. No podemos naturalizar el odio ni ser indiferentes ante él. Nuestra supervivencia y la de la democracia que tanto nos costó están en grave peligro, alertó dicha entidad.
A su vez, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció ante la Justicia al exmilitar por delitos contra el orden constitucional a partir de la convocatoria realizada por él a oficiales en actividad y retirados a organizarse y alzarse para deponer los poderes públicos.
A casi 40 años de la vuelta de la democracia, y luego de más de dos décadas de reiniciados los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983), estas acciones no pueden ser toleradas, señala un comunicado de ese organismo.
oda/gas
