De acuerdo con la JEP, en la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en el departamento de Casanare entre 2005 y 2008.
La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó en su más reciente decisión, en la que estableció que bajo la comandancia del mayor general retirado Henry William Torres se incrementó la presentación artificial de resultados operacionales en esta región del oriente del país.
A través del tercer auto de determinación de hechos y conductas que emite la JEP, dentro del caso 03 que investiga «falsos positivos», se describe en detalle la masividad de una conducta que permeó a la citada Brigada, en todos sus niveles.
Esa conducta fue «para llevar a cabo ataques organizados y a gran escala con la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate».
En su mayoría las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años, sin embargo, en el subcaso Casanare la JEP acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en embarazada, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa.
Por ello, por primera vez la JEP imputa el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género, y también por el crimen de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes por involucrar menores de 18 años como reclutadores o personas encargadas de participar en el engaño que condujo a la muerte a algunas de las víctimas.
Por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes.
Entre ellos, un mayor general, dos coroneles, tres tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de seis suboficiales.
En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), además de dos terceros civiles.
«Falsos Positivos» es el nombre dado al caso que involucra principalmente a miembros del Ejército Nacional en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno.
La JEP en un informe de febrero de 2021 estableció que la cifra total de víctimas era de seis mil 402 entre 2002 y 2008.
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