Este convenio regional permanecía congelado, después de cuatro intentos para su aprobación para su puesta en marcha en el país, pese al llamado de los congresistas de oposición y defensores del medio ambiente.
Ahora, este primer gran acuerdo ambiental de Latinoamérica, debe ser votado en la Cámara de representantes y luego el presidente, que debe ser Gustavo Petro, luego de su investidura el 7 de agosto, lo debe firmar para su entrada en vigor.
«Ratificar a las comunidades del país de un mecanismo nuevo e importante que fortalece la lucha y la defensa de la naturaleza y el ambiente», afirmó el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, uno de los congresistas que más lo ha defendido.
Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer pacto regional ambiental de América Latina y el Caribe.
Es también el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
La bacada del gobierno saliente, integrada fundamentalmente por parlamentarios del Centro Democrático, mantuvo su rechazo al Acuerdo de Escazú, tal como hizo «desde el primer día». car /otf
