Un informe de esa entidad presentado hoy analiza el impacto del incremento de la violencia sobre el goce de los derechos humanos debido a la expansión de distintos grupos armados no estatales y organizaciones criminales en varias partes de Colombia en los últimos dos años, detalló Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada.
Después de la firma de la paz en noviembre de 2016, se observó una baja en los niveles de violencia en el país como lo señala la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los homicidios con ocasión del conflicto, pasaron de 12 mil 665 en 2012 a mil 238 en 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz.
«En los territorios más afectados por el conflicto armado, esta situación generó esperanza en la población», señala la ONU.
Sin embargo, en los últimos dos años la Oficina ha observado que diversos grupos armados no estatales y organizaciones criminales han expandido su presencia en varias regiones del país, particularmente en aquellas donde se desmovilizaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Puntualiza que más de 560 defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos fueron asesinados entre 2016 y 2021 y los principales responsables son los grupos armados ilegales que buscan el control del territorio para las economías ilícitas.
«En algunos lugares estos grupos parecen suplantar algunas de las funciones propias del Estado y regulan muchos aspectos de la vida comunitaria, incluso tomando decisiones en temas familiares o de justicia local», aseguró De Rivero, durante la presentación del informe.
Las comunidades afectadas denuncian un abandono estatal y la ausencia o limitada presencia de autoridades estatales civiles para enfrentar esta situación, acota el texto.
Añade que, en varios territorios, la desconfianza en el Estado crece y en algunos casos se han denunciado hechos de connivencia de autoridades con actores armados no estatales.
El informe concluye que es necesario revisar la estrategia del Estado y para ello recomienda tres ejes principales de acción al Gobierno, como reducir significativamente y finalmente eliminar la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
Priorizar la implementación territorial del Acuerdo de Paz, en particular la reforma rural integral, consolidar la aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial con la participación de las comunidades afectadas y relanzar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
Propone consolidar el estado de derecho en las zonas más afectadas, reforzar la presencia y la capacidad de las instituciones del aparato de justicia y organismos de control en los territorios y consolidar las capacidades de los gobiernos locales y de los pueblos afrodescendientes e indígenas en estos territorios.
jcm/otf
