El juez Ramón Lozano, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, quien es investigado por dudas en su actuación, otorgó nueve días más de suspensión de pago de nueve mil 145 millones de pesos (457 millones de dólares) que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le impuso en mayo a la filial de Iberdrola en Monterrey por venta ilegal de electricidad.
Lozano decidió mantener la suspensión definitiva que le concedió a la empresa hace dos semanas a pesar de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la CRE le solicitaron revocar la medida cautelar, pues argumentaron que la firma española exhibió las cartas de crédito por internet y no de manera física.
El magistrado argumentó que Iberdrola acudió a las instalaciones del SAT para cumplir con el mandato, sin embargo, se encontraban cerradas por vacaciones, por ello la empresa hizo el trámite por internet.
En ese sentido, el juez acreditó la buena fe con que se condujo la empresa extranjera, y dijo que estimó conducente descontar al plazo de los cincos días que le fueron otorgados para exhibir la garantía.
La empresa española impugnó en junio la sanción por la venta ilegal de energía a los más de 500 socios que tiene en la planta Dulces Nombres, la cual se ubica en Pesquería, Nuevo León.
De acuerdo con la concesión otorgada, la energía que Iberdrola produce es para autoconsumo, no para venta, aunque encubre esta última actividad como servicio a socios.
Por ello, el juzgado mencionado, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, le concedió la suspensión definitiva a la trasnacional, que mantiene congelada la multa histórica, lo cual es impugnado por el gobierno.
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