Familiares del joven e integrantes de asociaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales demandaron el esclarecimiento de los hechos y el fin de la impunidad de los responsables.
El 1 de agosto de 2017, Maldonado fue visto con vida por última vez tras participar en una protesta de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la provincia de Chubut, la cual fue reprimida por la Gendarmería.
Después de 78 días de búsqueda, su cadáver fue hallado flotando en las aguas del río cercano a donde ocurrieron los hechos.
En declaraciones a Prensa Latina, Alan Méndez, participante en la manifestación, explicó que lo ocurrido fue encubierto por autoridades del gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) como la ministra de Seguridad en ese entonces, Patricia Bullrich.
Asimismo, denunció la manipulación de evidencias, el espionaje contra los familiares del joven y la paralización de la causa por los jueces encargados de la misma.
Reclamamos justicia para Santiago porque ya son cinco años de impunidad. En Argentina hay una enfermedad que es el encubrimiento del crimen de desaparición forzada. Este es un solo caso de muchos, señaló.
Por su parte el hermano de Maldonado, Sergio, aseguró el proceso fue detenido por la Corte Suprema en 2020 y el magistrado Gustavo Lleral violó los pasos establecidos para impedir que la verdad saliera a la luz.
Asimismo, señaló el amedrentamiento de los testigos y la negativa a incluir el testimonio de una integrante del personal de salud del Escuadrón 36 de la Gendarmería, quien ofreció detalles relevantes.
Además, criticó la adulteración de los libros de actuación de las fuerzas, la presentación de grabaciones incompletas sobre el operativo, la quema de evidencias y la falta de análisis de las contradicciones en las declaraciones de los oficiales, entre otras irregularidades.
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