La Fiscalía General de la República (FGR) tomó la esperada decisión de enjuiciar al expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando las evidencias de esos delitos son tan abrumadoras que llamaba la atención la tranquilidad con la que Peña Nieto exhibía su riqueza presuntamente mal habida.
Las revelaciones de su exdirector general de Pemex Emilio Lozoya, cabeza visible de la corrupción en su régimen, y las de su exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de tortura y desaparición de personas en el caso Ayotzinapa, y de espionaje político con tecnología israelí, son elementos suficientes para ser investigado, aseguran analistas.
Sin embargo, no ha sido así con él ni con sus antecesores Felipe Calderón (2006-2012) quien entregó el patrimonio nacional eléctrico a empresas españolas, la principal Iberdrola, la cual incluso lo contrató tras concluir su mandato.
También duerme aparentemente tranquilo Vicente Fox (2000-2006), quien propició el fraude electoral para impedir el triunfo que Andrés Manuel López Obrador logró en las urnas, y actuó en favor de Calderón al “cargar los dados” como dijo vulgarmente al admitir su participación en la componenda.
Todos, e incluso anteriormente Ernesto Zedillo (1994-2000) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), contribuyeron a desmantelar las dos empresas principales estatales de México, la Comisión Federal de Energía (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) para entregar esos recursos al capital extranjero.
La nota más escandalosa, sin embargo, la dio Peña Nieto al promover en 2013 una Reforma Energética con la cual entregaba soberanía al capital extranjero, y gastó una fortuna en la compra del voto de senadores y diputados para que votaran la ley.
Lozoya hizo algunas revelaciones acerca de cómo de la residencia presidencial en Los Pïnos, Chapultepec, salían las maletas llenas de dinero para entregarlas a legisladores, intelectuales, y dueños de periódicos.
López Obrador, quien desde 2013 inició una batalla muy consistente contra la reforma energética de Peña y denunció el saqueo al patrimonio nacional mediante la entrega de dos recursos fundamentales como el petróleo y la electricidad, organizó una consulta popular para denunciar a los cinco expresidentes.
La idea era que el pueblo dijera si estaba de acuerdo o no en que fuera juzgados penalmente por los presuntos delitos cometidos, pero el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral desvirtuaron la pregunta, la enrarecieron, quitaron el nombre de los cinco expresidentes y redactaron una nueva bien alejada de la original para despojar la consulta de contenido.
Se escudaron en viejos preceptos de lo legislado en las consultas como que para hacerla vinculante tendrían que acudir a las el 40 por ciento del padrón electoral.
Aunque el 97,72 por ciento de las personas que votaron, es decir, seis millones 511 mil 385 pidieron investigar y castigar decisiones políticas del pasado, fue imposible llegar al 40 por ciento del padrón, es decir, 37,5 millones de personas.
Además, el INE alegó falta de recursos financieros para colocar urnas, pusieron solo 57 mil cuando debieron ser más de 160 mil, no hicieron campaña de prensa y el día antes de la consulta mucha gente no sabía dónde votar.
Esa consultar de hace un año pareció quedar en el olvido como recordó el diario Milenio al señalar que, hasta ahora, ninguno ha pisado la cárcel.
Ni en el Poder Legislativo ni en el Judicial continuaron con la intención de enjuiciarlos, Morena no logró ninguna ley específica ni se creó el Tribunal del Pueblo; pero hoy los promotores buscan revivir la lucha y prometen “no quitar el dedo del renglón”.
Con la investigación iniciada por la FGR a Peña Nieto, se renuevan esos ánimos de justicia en un país en el que la corrupción va teniendo cada vez menos cabida, aún cuando sigue siendo un dragón de siete cabezas.
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