En una mesa única de diálogo en la provincia de Coclé , con la Iglesia católica como facilitadora, los colectivos populares en protesta contra el alto costo de la vida sugirieron evaluar el quinto de ocho temas priorizados tras profundas discrepancias con el Ejecutivo sobre la rebaja de la tarifa eléctrica que dejaron en pausa para retomar después.
En la presentación de la propuesta de uno de esos grupos, la alianza Pueblo Unido por la Vida, la economista Maribel Gordón señaló que desde la década de los 90 en Panamá se introdujeron reformas a la seguridad social como parte de un modelo económico neoliberal que ve la salud como mercancía y no como un derecho humano.
A partir de entonces, señaló, la lógica de concentración de las riquezas en pocas manos desató procesos también en la seguridad social que estimulan la desigualdad, la inequidad, la exclusión y la pobreza.
Gordón indicó que deberá verse este asunto de manera más profunda e integral en tanto se trata de garantizar a los panameños una vida saludable que incluye el acceso al agua potable, alimentación sana, trabajo, educación, recreación, salud, empleo y vivienda digna, elementos que se han ido deteriorando en los últimos años.
Este sábado, ante la sustentación de los grupos populares, la comitiva del Ejecutivo que encabeza la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, deberá presentar una contrapropuesta.
El secretario general de la CSS, Edwin Salamín, quedó encargado de comparecer sobre la visión del Gobierno sobre unos siete puntos presentados, entre ellos mantener el carácter público de la seguridad social.
Además de someter a un referendo nacional el futuro de la CSS, los colectivos también reclamaron no permitir medidas paramétricas como aumento de edad y cuota de jubilación y el crecimiento de la red institucional para brindar servicios en zona de difícil acceso.
mem/ga
