“Este es un mensaje al gobernador y a sus aliados que el pueblo quiere trabajar y no quiere violencia ni paros injustificados.
Desde el Gobierno Nacional reprochamos todo tipo de violencia, la violencia no es el camino”, opinó en Facebook el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, al realizar un balance en el segundo y último día de la protesta.
Según el titular, la evaluación de su cartera es que existió normalidad entre el 90 y el 95 por ciento del departamento y un promedio de 30 puntos de bloqueo con apenas unos 600 participantes en medio de acciones violentas de grupos de choque que pretendían imponer el plantón en sectores que lo rechazaron.
Argumentó del Castillo que élites cruceñas de poder “tratan de desestabilizar” al gobierno del presidente Luis Arce con el pretexto de que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023 y no en 2024 como establece el Decreto Supremo 4760.
Un hecho que visibilizó la división entre los líderes territoriales fue el ataque de grupos vinculados a la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo del Comité pro Santa Cruz, contra la casa del alcalde del municipio autónomo del mismo nombre, Jhonny Fernández, quien se opuso a la protesta.
En el criterio de Castillo, esa acción ocurrió en la fecha más violenta del paro, el lunes, al igual las agresiones contra una vigilia defensiva de vecinos y comerciantes en la región conocida como Plan 300.
Parte del saldo expuesto por el jefe de cartera son las pérdidas valoradas en 60 millones de dólares y cuatro extremistas detenidos e investigados por la tenencia de explosivos.
Los individuos operaban junto a otros radicales trasladados en vehículos y armados de escudos artesanales, petardos, palos y de instrumentos con los que pincharon llantas de buses del servicio público que salieron a trabajar.
De acuerdo con el ministro, los cívicos concluyeron el paro con una reunión al final de la cual anunciaron una “cumbre” para definir nuevas acciones en rechazo al aplazamiento del censo, aprobado por ocho de los nueve gobernadores del país, toda la institucionalidad edil y los rectores de las universidades públicas.
CIENCIA CONTRA CAPRICHO POLÍTICO
Entrevistado por la televisión acerca de los acontecimientos mientras encabezaba con maquinarias las brigadas que levantaban los escombros dejados en las calles para impedir el tráfico vehicular, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, consideró que el ejercicio censal es un tema técnico que debe llevarse de manera científica y objetiva.
“No puede ser un capricho político -razonó-, eso no lleva a tomar buenas decisiones; no podemos jugarnos el futuro del país por el capricho de un gobernador que no quiere diálogo y no asiste a las reuniones cuando se le invita”.
Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, al ofrecer a la red Bolivisión una valoración de lo acontecido, consideró débil la convocatoria de Camacho y el Comité pro Santa Cruz porque la gente necesita trabajar. Agregó que en un momento en el que se tiene una situación complicada en los mercados cruceños por el incendio ocurrido recientemente en el Centro de Abasto Mutualista que destruyó las mercaderías y las infraestructuras de muchos pequeños comerciantes, la solidaridad resulta necesaria.
Observó la vicetitular que Camacho y el cívico Rómulo Calvo desoyeron un pedido del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, de suspender el paro como muestra solidaria hacia los mil 500 perjudicados por ese fuego ocurrido el 31 de julio.
Valoró que los transportistas, los sectores gremiales y la institucionalidad edil desacataron la convocatoria a protestar durante dos días por lo cual muchas actividades se desarrollaron con normalidad, y ante esa realidad se recurrió al amedrentamiento violento.
Sin embargo, la debilidad de la protesta muestra que la población necesita trabajar en un momento de reconstrucción económica, concluyó la viceministra.
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