El diario Co Latino aborda en su portada un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), que destaca las “detenciones arbitrarias, torturas y muertes en los 100 días del Estado de Excepción”
Ese documento, agregó, puso en evidencia las presuntas acciones irregulares e ilegales ejercidas desde la institucionalidad del Estado contra la población salvadoreña en el marco de la persecución de la delincuencia y criminalidad del país, bajo el Estado de Excepción.
El tema genera polémica desde que el gobierno del presidente Najib Bukele lo puso en práctica el 27 de marzo del presente año, luego de ser aprobado por la Asamblea Legislativa, de mayoría del partido en el gobierno, a solicitud del mandatario.
La norma privó a las personas de los derechos a ser informado de manera inmediata y las razones de la detención; a no ser obligado a declarar en su contra; a ser asistido por un defensor desde las diligencia en los órganos auxiliares de la administración de justicia, el límite de la detención administrativa (72 horas), entre otros derechos.
Según Danilo Flores, coordinador general del OUDH, “De acuerdo a la Constitución de la República, las instituciones de seguridad pública tienen la obligación de informar de todo arresto a la PDDH”.
“En el marco del régimen de excepción, al 4 de julio habían 44 mil 344 personas detenidas; aunque el dato más reciente lo ubicamos de hace 5 días, de fuentes de la PNC y el MJSP, que es de 48 mil 700 personas capturadas”, informó.
Mientras en la vertiente opuesta, el Diario El Salvador, sostiene que un sistema derrotado en las urnas es el que se opone al régimen de excepción.
Sin embargo, hay un creciente número de salvadoreños opuestos a la forma en que se aplican las acciones contras pandillas y el ambiente se caldea ante la falta de información sobre la situación de los arrestados cuyas familias reclaman ante las autoridades.
Según el diario la medida constitucional fue aprobada por Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC, pero es criticada por Arena y el FMLN, partidos de oposición que perdieron su hegemonía política en 2021.
La controversia crece aunque las autoridades muestran indicadores según los cuales las acciones de seguridad impulsadas por el Ejecutivo presuntamente generaron la reducción de delitos como homicidios, robos y hurtos.
Críticos de las medidas abogan por su eliminación mientras otros sectores la apoyan lo que plantea un conflicto y anticipa que el tema se mantendrá en la palestra local.
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