En un comunicado de prensa, Bussco refiere que dentro del marco de la negociación del presupuesto para la educación superior, el Gobierno presentó una impensable propuesta de reducir dicho financiamiento en una proporción superior al 25 por ciento para 2023, en relación con el otorgado este año.
Para ello, prosigue el bloque sindical costarricense, el Ejecutivo aduce que dicho recorte ya se lo están aplicando al Ministerio de Educación Pública y, por lo tanto, lo que procede es aplicar el mismo recorte a las universidades públicas, independientemente de la gravísima afectación que esto significaría para cumplir con la misión encomendada.
Al conocer esa decisión oficial, las universidades públicas anunciaron su total rechazo y adelantaron una manifestación pública para este martes frente a Casa Presidencial.
En su comunicado, Bussco denuncia la intención del presidente Rodrigo Chaves de aplicar este inconstitucional recorte del financiamiento del conocido como FEES (Fondo Especial para la Educación Superior), el cual, según los artículos 77 y 78 de la Constitución Política, debe ser de, al menos, el ocho por ciento del PIB.
Asimismo, rechaza la pretensión del Gobierno de disminuirlo a un seis por ciento, con el pretexto de recortar el gasto público y reducir así el déficit fiscal, a costa de uno de los principales baluartes de este país, como lo es su sistema de educación pública.
Bussco también rechaza «el falaz argumento de la Ministra de Educación (Katharina Müller), de que, de otorgarle el financiamiento estipulado por ley para las universidades públicas se haría a costa de la educación general básica, intentando así, generar un conflicto entre los distintos sectores del sistema educativo público del país». Asegura que el Gobierno no puede, antojadizamente, recortar la inversión en la educación pública, y entiende que este intento de debilitarla, atacando e intentando desprestigiarla, obedece a una añeja estrategia de los sectores neoliberales, posicionados en los últimos gobiernos.
Con ello, afirma Bussco, buscan debilitar al sector público, y con ello, justificar la privatización de estos servicios esenciales, que más que servicios, son derechos fundamentales de la sociedad costarricense, tales como la salud y la educación.
«Manifestamos nuestro total apoyo al sistema de educación pública y, dentro de este, a las universidades públicas, por lo cual exigimos que el Gobierno cumpla con su mandato constitucional otorgando el financiamiento debido y requerido a la educación pública del país», concluye Bussco.
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