Por Julio Morejón Tartabull
Periodista de la Redacción Internacional de Prensa Latina
El bloque subregional sugirió un periodo de dos años para la celebración de elecciones y el retorno de la autoridad a un gobierno civil, pero la administración militar guineana continúa planteando que el plazo debe ser de tres años.
La instauración de un Ejecutivo ciudadano es una promesa que nadie cuestiona, pero retornarle el poder requiere consideraciones consensuadas aún pendientes que -por el momento- los militares no lo tienen en su agenda, opinan observadores.
Recientemente el ministro guineano Mory Condé rechazó la existencia de un acuerdo para acortar el periodo de transición política de tres años a dos, como dejó entrever la Cedeao, a través de su presidente de turno, Umaro Sisoco Embaló.
Condé, titular de Administración territorial y Descentralización, declaró que «durante la visita de la Comunidad a Guinea, las dos partes discutieron el contenido de la transición y no su duración», con lo que contradijo lo informado por el bloque.
El mandatario de Guinea Bissau y actual presidente del grupo subregional se refirió al logro de un acuerdo de 24 meses de transición, en lugar de los 36 propuestos por la administración del coronel Mamadi Doumbouya, autoridad del país desde 2021.
«Estuve en Conakry (…) para hacer entender a la junta militar la decisión de la cumbre de jefes de Estado (de la Cedeao), de que la transición no puede exceder de 24 meses», manifestó Sisoco Embaló acerca de su gestión y de cuyo avance ahora se duda.
En declaraciones a la prensa el jefe de la Comunidad -acompañado por el presidente francés, Emmanuel Macron, de gira por África- manifestó a finales de julio que “la junta propuso 36 meses y logramos convencerla», lo cual se interpretó como conceder menos tiempo en el poder a quienes derrocaron al presidente Alpha Condé.
El rechazo de Mory Condé fue más lejos: «El gobierno de Guinea se desvincula completamente de esta cuestión de la duración», con lo cual deshizo el criterio de reducir el período para devolver el poder a los civiles.
POSGOLPE DE ESTADO
En septiembre pasado, un Grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército dio un golpe de Estado; el país ahora lo dirige el Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD), la junta militar apoyada en el Consejo Nacional de la Transición (CNT) -Parlamento provisional- que en mayo adoptó una transición de 36 meses.
Aunque el debate sobre el asunto de la permanencia castrense se concentra en declaraciones y réplicas entre Conakry y la Cedeao, ese contrapunteo repercute en el interior de la sociedad guineana y en su proyecto de institucionalización nacional.
Un nuevo cronograma podría beneficiar a los actores políticos que abogan por reponer la civilidad y cuyas demandas integran el arsenal de las recientes demostraciones callejeras que causaron víctimas, según la prensa.
El Frente Nacional por la Defensa de la Constitución (FNDC) organizó una jornada de protestas, en la que murió una persona y otras sufrieron heridas en choques con efectivos antimotines.
Ese grupo censuró a la junta su negativa a abordar el proceso de transición y cuestionó la represión ejercida contra las movilizaciones entre el 27 y el 30 de julio, así como convocó a nuevas protestas para el 17 de agosto.
La reacción del gobierno guineano fue disolver al FNDC -una coalición de partidos y movimientos opositores- al que acusó de carecer de un adecuado registro oficial y ser responsable de citar a manifestaciones violentas, según el portal Guinee360.com.
El Frente fue creado en 2019 y los militares opinan que «pone en peligro la unidad nacional y la paz pública», lo cual coincide con un aumento de las movilizaciones desde finales del pasado julio.
Mouctar Bah, portavoz de esa agrupación, reclamó un «diálogo creíble» con el CNRD, con la sociedad civil y establecer un plazo «razonable y consensuado» del tiempo que debe durar la transición.
Lo que acontece en Guinea no es solamente una muestra de rechazo a la junta, sino parte de un proceso en el cual se juega la viabilidad del proyecto de construcción nacional y en definitiva planteará una nueva relación entre gobernantes y gobernados.
No es solo por cuánto tiempo estarán los militares en el poder, sino cómo lo emplean, si el modelo que sucedió al defenestrado Alpha Condé es incluyente o no, y si se cumple la propuesta del coronel Doumbouya, de crear las condiciones para un Estado de derecho.
Para los golpistas la situación es compleja en ese país muy pobre, con un importante potencial minero, hidráulico y agrícola, cuyas reservas de bauxita -base para producir aluminio- están entre las mayores del mundo.
El golpe de Estado del 5 de septiembre generó expectativas convertidas ahora en incertidumbre, en espera de decisiones que deberá tomar el CNRD para demostrar su confiabilidad nacional y en la subregión de África Occidental.
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