Esas son tres de las conclusiones preliminares del informe sobre esa masacre, comentó hoy el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
En el informe presentado este jueves en el Palacio Nacional a los padres de los jóvenes, Encina insistió en que no hay indicio alguno de que se encuentren con vida. Por el contrario, los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
Los padres de los 43 declararon que, por la complejidad y dureza del informe, decidieron analizarlo a profundidad antes de emitir su postura.
Encinas narró que autoridades federales, del ejército, estatales y locales conocieron en tiempo real la situación de lo que sucedió y pudieron actuar para evitar el crimen perpetrado por la organización criminal Guerreros Unidos, dijo ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete.
Afirmó que las autoridades estuvieron informadas de la toma de camiones, los autobuses, la persecución de que fueron objeto los jóvenes, por lo cual las omisiones en las que incurrieron acreditan su responsabilidad ya sea por acción u omisión.
Las autoridades del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto supieron desde la salida de los estudiantes de la normal hasta el momento que se dio la orden de desaparición, a las 22:45 horas de aquel 26 de septiembre de 2014 y pudieron detener el crimen.
Encinas añadió que con la revisión de los elementos -expedientes, llamadas, mensajería, testimonios, archivos del ejército, videos y grabaciones- se acredita plenamente la colusión de autoridades de gobierno, policías de Iguala, Cocula, Huiztuco Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos para desaparecer a los muchachos.
Incluso, dijo, se comprobó que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía un elemento infiltrado en la normal de Ayotzinapa, el soldado Julio César López Patolzin, quien es uno de los 43 desparecidos, y pese a ello, los mandos militares no realizaron acciones para su protección y búsqueda.
La Sedena tenía dentro de la normal a López Patolzin, quien era el responsable de informar lo que acontecía en asambleas, acciones y estaba informado de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre.
Él estaba bajo el mando del teniente Marcos Macías, comandante del 27 batallón. Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana del día del crimen pero desapareció junto a los estudiantes, sin que sus jefes lo protegieran y salvaran al igual que a todos los estudiantes, subrayó el funcionario.
Reveló que hay órdenes de aprehensión de 33 exservidores públicos con algún grado de responsabilidad en los hechos.
Aclaró que entre ellos no está el expresidente Peña Nieto a pesar de que la ocultación de los hechos y la alteración de la escena del crimen fue una acción concertada desde el más alto nivel del gobierno.
En el curso del proceso han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información. De estas 14 eran integrantes de Guerreros Unidos, siete testigos o involucrados, funcionarios y políticos.
jha/lma
