Chaves llegó esta semana a los primeros 100 días al frente de este país con un alto respaldo popular, varios decretos ejecutivos para reducir el costo de los bienes y servicios, sin poder lograrlo hasta ahora, y un informe de labores futuras con fuerte énfasis en la privatización de activos del Estado.
De acuerdo con una encuesta del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizada entre el 11 y el 20 de julio pasado a 518 personas, el 70 por ciento aprobó el trabajo de Chaves, un 21 por ciento lo consideró regular y solo un siete por ciento tiene una opinión negativa.
Pero no todo ha sido color de rosa para el mandatario, pues en la acera contraria, un 36 por ciento de los entrevistados respondió que incumple su promesa de bajar los impuestos, y un 34 por ciento menciona la imposibilidad de reducir el costo de la canasta básica, actualmente el más alto desde 2009.
Aunque, Chaves lo atribuye a factores externos, lo cierto es que esta nación centroamericana presentó en julio pasado la mayor variación interanual de su inflación, un 11,48 por ciento, impulsada en buena medida por el incremento de los costos del 72 por ciento de los 289 bienes y servicios incluidos en el Índice de Precios al Consumidor.
Al presentar su informe, Chaves adelantó futuras medidas de su Administración que desde ya provocan fuerte rechazo de la oposición política y sindicatos, en la que destaca la pretensión de vender el Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (Bicsa) y el Banco de Costa Rica (BCR), así como un 49 por ciento de las acciones del Instituto Nacional de Seguros.
Pese a esa perspectiva privatizadora, Chaves aseguró que su Gobierno seguirá en la lucha frontal contra la pobreza y la reducción del costo de la vida para generar prosperidad compartida.
Por otra parte, los diputados aprobaron este jueves por 43 votos a favor y ocho en contra una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para hacer públicas todas las votaciones de ese poder del Estado.
De acuerdo con el texto sancionado, que requería de mayoría calificada, es decir 38 sufragios favorables, el voto en el Legislativo será público para los diputados en todos los nombramientos y ratificaciones, con el propósito de una mayor transparencia.
La iniciativa, presentada por el diputado José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional, establece publicar cómo votaron los legisladores en casos como las elecciones de magistrados, defensores de los habitantes, contralores y otras figuras de la administración.
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