En las conversaciones con sede en la central provincia de Coclé, con la Iglesia católica como facilitadora, el director del Instituto de Mecardeo Agropecuario(IMA), Carlos Motta, confirmó la incapacidad para garantizar esos envíos a todos los establecimientos comerciales del país, lo que causó inmediato rechazo.
Tras 31 días de negociaciones, el compromiso había sido suscrito en un inicio por los representantes del Ejecutivo.
Sin embargo, ante el emplazamiento del profesor Armando Espinosa, de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, uno de esos colectivos, sobre el irrespeto al soberano que espera la solución del problema, Motta abandonó la mesa de diálogo de manera intempestiva.
Los gremios señalaron que con la habilitación de las ferias del IMA no es suficiente, ya que los productos que están regulados no se venden al precio que está congelado en los comercios del país.
Así mismo cuestionaron el por qué los productos de Panamá no estaban en los supermercados. Las preguntas sobre este punto no cesaban y Motta afirmó en la mesa que la entidad no estaba en capacidad de poner todos estos productos en los comercios.
La acción causó la repulsa por parte de las agrupaciones, en particular de los lideres de la comarca originaria Ngabé Buglé, quienes adelantaron que no les quedaría otra alternativa que volver a las calles, al ver cómo están siendo secuestrados los alimentos y el Gobierno no reacciona.
Por su parte, uno de los voceros de la alianza Pueblo Unido por la Vida, Saúl Méndez, alertó sobre lo que calificó actitud grosera de Motta al retirarse de la mesa es un gesto de distracción a una realidad: la falta de voluntad del Ejecutivo de enfrentar a los responsables del asunto.
Se trata, dijo, de aprovechar el monopolio del poder que tiene el Estado pero no para perjudicar a su pueblo, sino para encarar y hacer cumplir las normas a los grandes oligopolios, empresarios privados, asociaciones de avicultores y distribuidoras que de manera abierta desafían con incumplir los acuerdos de la mesa.
Está demostrado agregó, que como respuesta a las manifestaciones populares y este mismo escenario de intercambio iniciado el pasado 21 de julio todos ellos han decidido acaparar, ocultar y manipular los víveres, como sucedió con el arroz con precios subsidiados.
Eso es un delito, afirmó, establecido en la Constitución y en nuestras leyes al tratarse de bienes de primera necesidad.
En ese sentido, Méndez instó al Procurador General de la nación que ante la nueva denuncia se active y realice las investigaciones pertinentes y los allanamientos en los almacenes de los multimillonarios, indicó.
Tras llegar a un acuerdo importante esta madrugada, sobre la creación de una Comisión Nacional Ciudadana de lucha contra la corrupción, la mesa única de diálogo volvió sobre el tema de la canasta básica familiar, primer punto de la agenda de unos ocho puntos, debido a diversos incumplimientos por parte del Gobierno.
“No jueguen con el hambre del pueblo”, expresó una de las autoridades originarias de la comarca Ngabe Bugle, visiblemente molesto, y precisó que de no encontrar respuestas concretas a sus carencias, este domingo las bases decidirán sobre futuras acciones de presión.
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