En un comunicado, la CGT aseveró que “no hay una sola prueba material que relacione a Fernández con el direccionamiento amañado de obras ni con ningún otro delito”.
Además, condenó el «show mediático» montado en su contra y exigió que se haga justicia.
Tras un recurso presentado por el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), el Tribunal Oral Federal 2 inició un juicio contra Fernández por supuestas violaciones en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En múltiples ocasiones, la también titular del Senado denunció ser víctima de un acecho sin precedentes y recordó que la corte de ese territorio sobreseyó la causa por inexistencia de delito.
Esta jornada, durante la novena y última audiencia acusatoria de la conocida como Causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años en prisión para la ex jefa de Estado y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ante tales hechos, la Central de Trabajadores de Argentina advirtió que “no dudará un instante en volcarse a las calles para acompañar a la vicepresidenta si se atenta contra su libertad y la plena vigencia de la Constitución”.
No estamos en disposición de tolerar ningún golpe a la voluntad popular, señala un texto de esa organización.
Por su parte, el Partido Justicialista repudió la persecución política, judicial y mediática contra Fernández y señaló que las agresiones contra ella forman parte de una estrategia para intentar disciplinar a líderes que defienden los intereses del pueblo como sucedió con el boliviano Evo Morales y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Tienen como objetivo que ningún dirigente se atreva a tomar medidas que afecten a los grupos económicos concentrados. Los grandes poderes corporativos lesionan el Estado de Derecho y afectan nuestras democracias, indica el texto de esa formación.
Reiteramos nuestra solidaridad con Fernández y señalamos que no hay acción judicial que pueda contra el amor de un pueblo, añade.
Por su parte, el ministro de Justicia Martín Soria cuestionó la imparcialidad y validez del proceso.
Antes era el “Partido Militar” y la proscripción. Hoy es el Judicial pidiendo inhabilitación perpetua con causas armadas y sin pruebas. Tienen el mismo sueño desde el 17 de octubre de 1945. Nos bombardearon, fusilaron y desaparecieron. No nos han vencido. ¡Todos con Cristina!, escribió en su perfil en Twitter.
A su vez, el titular de Interior Wado de Pedro denunció la inexistencia de pruebas contra la vicemandataria.
Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a Fernández. En estos 40 años, los argentinos consolidamos con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos, indicó.
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