Tras un recurso presentado por el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), el Tribunal Oral Federal 2 inició un proceso contra la también titular del Senado por supuestas violaciones en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En múltiples ocasiones, la ex jefa de Estado denunció ser víctima de un acecho sin precedentes y recordó que la corte de ese territorio sobreseyó la causa por inexistencia de delito.
Esta jornada tiene lugar la novena y última audiencia de alegatos acusadores a cargo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pretenden solicitar una condena en prisión para la vicemandataria y su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
“Ante la falta de pruebas y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Javier Iguacel (administrador de Vialidad Nacional durante el macrismo que declaró contra Fernández); los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca fueron planteadas”, señaló la vicepresidenta.
Por ello instruí a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto, añadió.
Durante las últimas semanas, numerosas organizaciones sociales, partidos, senadores, diputados y políticos expresaron su apoyo a Fernández y condenaron la persecución judicial en su contra.
Las defensas de la expresidenta y otros acusados aseguraron que reclamarán su absolución e insistirán en que las obras se hicieron, las licitaciones fueron reales y no simuladas, y los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados.
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