Mediante un comunicado, féminas de esta nación, Cuba, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, España y México, entre otras, afirmaron que el ataque contra la exmandataria es un nuevo capítulo de la estrategia de lawfare (guerra jurídica), mediante la cual se busca disciplinar y amedrentar a dirigentes de América Latina.
Feministas de distintos lugares del mundo manifestamos nuestro apoyo decidido y solidario a la compañera Cristina. La articulación entre grandes medios de comunicación, corporaciones judiciales, grupos económicos y una derecha antidemocrática es una fórmula sistemática para atacar a los procesos populares y a sus liderazgos, señala el texto.
Asimismo, indica que el proceso contra Fernández carece de todo sustento probatorio y se basa en una extraordinaria campaña mediática de linchamiento que tiene el objetivo de proscribirla políticamente para debilitar la acción del movimiento popular en su conjunto y la democracia de la región.
Sabemos que no es casualidad este ataque a una mujer que confrontó a sectores del poder e irrumpió en la política para ampliar derechos para la mayoría del pueblo argentino, añade.
Además, apunta que, como expresó la también titular del Senado argentino, en su persona se busca atacar a las políticas de memoria, verdad y justicia en materia de derechos humanos, a los intentos de soberanía y unidad de la Patria Grande frente a la sumisión al Fondo Monetario Internacional y los poderes del norte.
Tenemos la certeza de que la defensa de Fernández es la de todos los proyectos nacionales y populares de la región y, más aún, de la democracia, que está en la mira de las derechas reaccionarias, misóginas y racistas del continente, asegura el comunicado.
Nuestros pueblos no olvidan y por eso aprendimos a enfrentar a quienes buscan disciplinarnos y arrebatar nuestros derechos. Llamamos a feministas de todo el mundo a pronunciarse de manera contundente contra estas persecuciones, expresar su solidaridad con Fernández y redoblar la lucha en defensa de la democracia y el respeto de la soberanía, concluye.
El texto fue firmado por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff; la líder colombiana Piedad Córdoba; las cubanas Lis Cuesta, Mariela Castro y Teresa Amarelle Boue; la vocera presidencial argentina, Gabriela Cerruti, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez y Taty Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otras.
Por su parte, el Grupo de Puebla reiteró su solidaridad con la vicemandataria y condenó la judicialización de la política en Latinoamérica.
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