En una entrevista concedida al canal Todo Noticias, el mandatario denunció la persecución mediática, judicial y política contra la vicepresidenta Cristina Fernández.
Consideró débiles y sin pruebas los planteamientos de Luciani, quien solicitó 12 años en prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la también titular del Senado.
Además, estimó que el proceso en contra de la exjefa de Estado por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras es un disparate jurídico.
En una carta dirigida al procurador adjunto, el presidente señaló que sus declaraciones no pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro porque fueron realizadas después que el fiscal finalizara su alegato. No obstante, es oportuno señalar que el poder judicial y sus magistrados y funcionarios no pueden estar exentos de críticas en una sociedad democrática. Solo hace falta observar lo sucedido en Brasil, donde Luiz Inácio Lula Da Silva fue encarcelado injustamente y proscrito en las elecciones presidenciales, señala la misiva del mandatario.
Aquel proceso penal, tal como concluyó el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue en verdad una persecución judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato y condujera los destinos del país, añade el texto.
Por tal motivo, considera de suma importancia que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden atentar contra las democracias sean formuladas a tiempo y en forma pública.
Cualquier ciudadano, incluido el presidente, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria para actuar, apunta.
Además, denuncia que muchos miembros de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos o políticos que a las normas vigentes.
Esta situación hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir a los argentinos, aseveró.
El jefe de Estado también acusó a Casal de no condenar la injerencia del exmandatario Mauricio Macri, quien llegó incluso a pedir un juicio político contra Alejo Ramos cuando este comenzó una importante investigación sobre espionaje ilegal.
Cuestiona su inacción ante las visitas realizadas por jueces y fiscales a la quinta de Olivos y la Casa Rosada durante la administración de Macri.
Esta doble vara para medir hechos institucionales y la asimetría en las posturas de magistrados, funcionarios y del propio procurador adjunto frente a los actores políticos, tornan aún más necesario estos debates para cuidar la salud de la democracia y para que en la región no vuelva a afectarse los procesos electorales, señala la carta.
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