La víspera, tuvieron lugar numerosas movilizaciones en diferentes regiones de esta nación para respaldar a la exjefa de Estado y miles de personas llegaron hasta las proximidades de su departamento en el barrio de Recoleta para condenar la instalación de vallas, así como el despliegue policial en la zona.
La Policía de la Ciudad reprimió con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y bastones a los presentes, un periodista que cubría los hechos recibió un fuerte golpe en la cabeza y hubo varios detenidos, entre ellos dos diputados.
Un grupo derribó las vallas colocadas por los oficiales para impedir el acercamiento al domicilio de la exmandataria de quienes llegan hasta ese lugar para expresarle su respaldo y acompañarla.
Los manifestantes avanzaron cantando hacia el edificio mientras los policías intentaban prohibirles el acceso y se escucharon disparos de balas de goma, lo cual provocó mayor tensión.
El presidente Alberto Fernández y la vicemandataria condenaron la violencia contra los presentes y responsabilizaron al gobierno de la ciudad por lo sucedido.
Rodeada de ciudadanos, integrantes de organizaciones políticas y sociales, la también titular del Senado agradeció el apoyo recibido e instó a los presentes a no abandonar nunca sus convicciones y, en especial, “ese indestructible amor a la patria que nos une a todos”.
Por su parte, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos Capital, Fundación Memoria Histórica y Social y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones, repudiaron las acciones de los oficiales y de la administración capitalina.
La decisión de Horacio Rodríguez Larreta (jefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires) de poner vallas en la zona para evitar la continuidad de la manifestación del pueblo que se sostiene desde hace varios días, no hizo más que aumentar la convocatoria en apoyo a Cristina.
Como ya ocurrió anteriormente, la respuesta fue la represión, señala un comunicado de esos organismos.
Volvemos a expresar nuestra profunda preocupación por los mecanismos de persecución a la vicepresidenta y por hechos represivos como estos, que no pueden repetirse. El pueblo tiene derecho a manifestarse y a defender las ideas que elige en esta democracia, añade.
También denunciaron lo sucedido el ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero, el de Interior Wado de Pedro, la de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y muchos otros dirigentes, diputados y representantes de agrupaciones sociales y sindicales.
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