«Esclarecer los patrones criminales y determinar las responsabilidades penales a las que haya lugar es el principal desafío del Caso 08», señaló la JEP en conferencia de prensa.
Esta nueva investigación se denomina Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano».
A partir del análisis de los informes presentados a la JEP, las cifras preliminares de la investigación indican que hay un universo de 15 mil 710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública, 56 mil 502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado.
Los principales crímenes atribuidos de manera directa a la fuerza pública fueron los homicidios (ocho mil 345 casos), desplazamiento forzado (dos mil 904), amenazas (mil 638), tortura (mil 249) y desaparición forzada (mil 136 casos).
De acuerdo con la información de la JEP, instancia de la justicia transicional derivada del Acuerdo de Paz, entre los años 2000 y 2009 se concentra el 51 por ciento de los hechos.
Precisó que los crímenes abordados en este nuevo macrocaso son los homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal y esas conductas están mencionadas en 184 informes analizados, de los 974 recibidos por la JEP.
«Al integrar todas estás dinámicas de la guerra en el caso 08, que las aborda como una serie de conductas vinculadas y no como hechos fragmentados, se facilita la comprensión de los crímenes y será más eficiente impartir justicia», explicó.
Las líneas de investigación del caso corresponden a los tres grandes patrones macro criminales identificados hasta ahora que son los crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes; los motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares y los crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios.
Del total de presuntos responsables mencionados en los informes, ya dos mil 840 se han sometido a la JEP; dos mil 812, integrantes de la fuerza pública, cinco agentes de Estado diferentes a la fuerza pública y 23 terceros civiles.
«La apertura del caso 08 representa una especial contribución a las garantías de no repetición. Esto, en la medida en que permitirá comprender las motivaciones de los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública directamente o en alianzas, desde una dimensión personal, territorial e institucional», enfatizó la JEP.
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