Por Glenda Arcia
Corresponsal jefa de Prensa Latina en Argentina
Mientras, en las afueras del Congreso de la Nación, miles de personas prometían continuar en las calles para evitar su encarcelamiento y proscripción, en una de las primeras movilizaciones para expresarle apoyo y solidaridad.
Mi sentencia está escrita. No es un juicio contra mí, sino contra el peronismo, los gobiernos populares, y quienes pelean por la memoria, la verdad, la justicia y los derechos ciudadanos, aseveró en una intervención televisada, luego de que le prohibieran ampliar su declaración indagatoria.
El 22 de agosto, durante la última audiencia acusatoria de la llamada Causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años en prisión para la exjefa de Estado y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Fernández denunció la inexistencia de pruebas en su contra, las violaciones cometidas en el proceso y los vínculos existentes entre jueces, fiscales, empresarios, funcionarios y el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019).
Además, solicitó comparecer ante el Tribunal Oral Federal 2, pero dicha posibilidad le fue negada.
Desde entonces, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, sindicatos, políticos, legisladores, personalidades de varios países y el presidente Alberto Fernández denunciaron las acciones contra la exmandataria, y los ciudadanos continúan llegando a su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta, en una vigilia ininterrumpida.
DERECHO A LA DEFENSA
Durante las últimas jornadas, la también titular del Senado afirmó estar ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial y no ante una corte de la Constitución.
Me hubiese gustado hablar frente al tribunal, pero no es la primera vez que me lo impiden. Desde hace años, la sentencia está escrita porque existe un sistema de justicia que permite violar todas las normas, indicó.
Además, detalló el proceso en su contra y recordó que en 2015 una corte de Santa Cruz sobreseyó la causa por inexistencia de corrupción u otro delito.
Comenzó una feroz campaña política y mediática. Dijeron que se cobraron obras que no se hicieron. Diarios como Clarín y La Nación publicaron trabajos sobre supuestos sobreprecios y cifras que nadie sabe de dónde salieron. Empezó un juicio basado en una ficción, señaló.
Nada de lo que dijeron fue probado. Se comprobó que todo era exactamente al revés y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los más de 100 testigos citados por el Ministerio Público, añadió. Fernández aseguró que, durante los últimos años, fueron reveladas acciones de extorsión, espionaje, persecución de líderes sindicales y manipulación, impulsadas por el macrismo.
Afloró un sistema judicial totalmente compenetrado con los servicios de inteligencia, creado y dirigido en la Casa Rosada por Macri y Fabián Rodríguez, el único dirigente político prófugo, aseveró.
Por otra parte, apuntó que los fiscales no poseen ninguna evidencia en su contra y por eso adoptan el guion de los medios y comienzan a buscar pruebas en otros juicios, cuya introducción en la causa fue autorizada en la última audiencia del debate oral.
Asimismo, resaltó la asociación ilícita entre funcionarios macristas y empresarios de obras públicas, la malversación de los fondos públicos y la discontinuidad de las indagaciones necesarias.
Cuando comenzaron a tirar del ovillo, pararon porque aparecieron pruebas contra ellos. No siguieron investigando porque no les convenía, dijo.
En América Latina ya no hay partidos militares, pero sí uno judicial. El lawfare (guerra jurídica) en Ecuador, Bolivia y Brasil es para desplazar, estigmatizar y anular a los gobiernos populares. En Argentina, van un paso más allá y protegen a los que verdaderamente roban en este país, afirmó.
También indicó que el período que le piden en prisión es por los 12 años de mandato de Néstor Kirchner y de ella (2003-2015), “los mejores gobiernos que tuvo esta nación en las últimas décadas”.
Tomé la decisión de recuperar el patrimonio de los argentinos y eso no me lo van a perdonar, pero no me arrepiento. No vienen por mí, sino por ustedes (los ciudadanos), por los derechos de los trabajadores y de los jubilados, concluyó.
VALLAS, AMENAZAS Y REPRESIÓN
Tras conocerse la solicitud de Luciani, un grupo de opositores al Frente de Todos (FdT) llegaron hasta las inmediaciones del departamento de la vicemandataria para ofenderla e, incluso, el diputado de Propuesta Republicana Francisco Sánchez y el excandidato a concejal Román Gutiérrez solicitaron que se le aplicara la pena de muerte.
Según explicó la expresidenta, “los ciudadanos que se acercaron después a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas, fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad con palos, gas pimienta y lacrimógeno”.
De acuerdo con el periodista Luis Bruschtein, esas acciones “despertaron al león” y las movilizaciones espontáneas registradas en varias regiones de este país no fueron calculadas por la alianza opositora Juntos por el Cambio, en tanto los grandes medios de comunicación intentaron, sin éxito, ocultar lo que sucedía en las calles.
Por desconocimiento o por falta de sensibilidad para las expresiones populares, es probable que en el macrismo existiera la ilusión de que podían llevarse puesta a la vicepresidenta sin que hubiera reacciones considerables. Error, escribió el subdirector del diario Página 12.
El macrismo no tiene puntos de empatía con los sectores populares. No los entiende y no esperaba el aluvión masivo que empezó a juntarse frente al departamento de Fernández. Tampoco conocen la lógica del movimiento peronista. Cuando se cierran filas, son pocos los que quedan fuera. El solo pedido de penas contra la exjefa de Estado cambió el escenario político, aseveró.
En otro artículo, Bruschtein alertó sobre “el intento grotesco de proscribir a Fernández y atomizar al peronismo”, así como sobre el peligro de regresar a los tiempos de violencia y golpes contra la democracia.
Como ciudadano, viví cómo se incubó la violencia política en este país cuando se proscribió al peronismo después de 1955. Ahora están tirando demasiado de ese mismo hilo finito. El retorno a ese infierno que culminó con el golpe de Estado de 1976 sería el holocausto civilizatorio de Argentina, dijo.
En medio del complejo escenario antes descrito, el Gobierno de la Ciudad, liderado por Horacio Rodríguez Larreta, ordenó lo que muchos consideraron una provocación y violación de los derechos y la libertad de expresión: la colocación de vallas en los alrededores del domicilio de Fernández.
Ante esa decisión, miles de personas comenzaron a concentrarse en las calles circundantes y en la plaza de Juncal y Paraná.
En declaraciones a Prensa Latina, Estela Campo, una de las participantes en la manifestación, consideró que lo ocurrido es un ataque a la democracia.
Es horrible, pésimo. Le tienen miedo al pueblo, afirmó.
Por su parte, Ricardo Ciri declaró a esta agencia que continuará respaldando a la vicemandataria y a la gestión del FdT hasta que sea necesario.
Poco después, miembros de organizaciones políticas y sociales, funcionarios, ministros y el presidente repudiaron la represión policial con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y bastones.
Un periodista que cubría los hechos recibió un fuerte golpe en la cabeza; el hijo de la exmandataria, Máximo Kirchner, fue agredido; varios ciudadanos resultaron detenidos, entre ellos, dos diputados; y los oficiales filmaron a quienes se encontraban allí desde calles y balcones.
Luego de que un grupo de personas derribó las vallas, los participantes en la demostración avanzaron cantando hacia el edificio donde se encontraba Fernández, mientras los policías intentaron bloquear el acceso y se escucharon disparos de balas de goma, lo cual provocó mayor tensión.
Pese a lo sucedido, los presentes reiteraron su intención de continuar apoyando a la vicepresidenta y organizaciones como el Partido Justicialista, la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores de Argentina anunciaron que permanecen movilizadas y alertas en tanto organizan una demostración masiva de respaldo a la exmandataria y al peronismo.
También expresaron su respaldo los presidentes Miguel Díaz-Canel (Cuba), Luis Arce (Bolivia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia), más de 250 mujeres de 17 países, el Grupo de Puebla y el líder indígena Evo Morales, entre otros.
EL ÁGUILA ACECHA OTRA VEZ
Mientras todo esto ocurría, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, denunció que la persecución judicial contra la vicemandataria está impulsada desde países como Estados Unidos.
A través de su perfil en la red social Twitter, el canciller publicó declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz y de Eduardo Bolsonaro, político e hijo del presidente de Brasil (Jair Bolsonaro), quienes arremetieron contra la exjefa de Estado.
“Uno más ignorante que el otro, pero hay algo que dejan en relieve: la persecución judicial a Fernández está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de Argentina. Cuidemos nuestra democracia. Todos con Cristina”, escribió Cafiero.
En una publicación reciente, Cruz acusó a la vicemandataria de “convulsionar las instituciones argentinas y socavar los intereses estadounidenses en este país y la región”.
Además, envió una carta al secretario norteamericano de Estado, Anthony Blinken, para solicitar que sean aplicadas sanciones contra Fernández y su familia por supuesta corrupción.
En tanto, el hijo de Bolsonaro compartió en Twitter las declaraciones de Cruz y le expresó su apoyo.
Diarios argentinos como Página 12 calificaron los pronunciamientos de ambos políticos de “abierta intromisión en los asuntos internos de Argentina, al filo de transgredir el principio de no intervención que rige en el derecho internacional”.
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