Exigen la presencia de autoridades de los ministerios de Interior, Minas, Ambiente y de la propia compañía para poner sobre la mesa temas incumplidos como los relacionados con el agua e impactos por la explotación carbonífera.
En la manifestación hay representación de las comunidades del corregimiento de Papayal, Manantialito, Barrancón, Vereda de Sierra Azúl, Cocotazo, San Francisco, Tamaquito II, del departamento de La Guajira, en la zona norte del país.
Aseguran que la gigantesca mina a cielo abierto de Cerrejón, es responsable del desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afrodescendientes y de contaminar el aire de forma consistente en el territorio de la Guajira, donde opera.
Asimismo, que la explotación minera contamina las fuentes de agua y que se encontraron altas concentraciones de metales pesados en la sangre de las personas que viven cerca de la mina, que pueden generar enfermedades graves como cáncer.
Los manifestantes buscan dialogar acerca de incumplimientos de la Sentencia T-704, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales revisar si el plan de manejo ambiental integral de todo el proyecto minero es suficiente para contrarrestar la contaminación, entre otros aspectos.
El gigante minero Glencore, con sede en Suiza, completó el pasado año la adquisición de la totalidad de las acciones de la mina.
Cerrejón, en el extremo noreste de Colombia, en la línea de frontera con Venezuela, comenzó a extraer carbón a cielo abierto hace 33 años y produce anualmente más de 30 millones de toneladas, para cuya extracción se realizan grandes excavaciones de tierra, que implica deforestación, problemas a las fuentes hídricas y afectación del aire por el polvo.
La minera se ha visto envuelta por estas razones en diversos problemas judiciales, pero también por atentar contra los derechos de las comunidades aledañas.
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