Los 11 ministros de la SCJN no lograron ayer ponerse de acuerdo pues los opositores al dispositivo judicial no obtuvieron los ocho votos requeridos para anularlo.
A estos les faltó una boleta, pues solo siete magistrados de ocho necesarios, levantaron su mano a favor de invalidarla, mientras cuatro optaron por mantenerla, cada cual con argumentos muy polémicos que incluso se salieron del marco nacional.
Fue el caso de algunos de los que abogan por erradicarla que citaron fuentes internacionales al parecer sin tener cabida en los debates de un caso atinente a la constitución nacional.
El ministro Luis María Aguilar Morales fue el proponente de “inaplicar” el artículo 19 de la Constitución y con ello invalidar la prisión preventiva oficiosa conocida aquí por sus siglas PPO.
Los defensores de esa ley del estado señalaron que la SCJN no tiene facultades para no observar o reformar la Constitución, pues esta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión y allí la mayoría optó por mantenerla.
A la corte, indicaron, no le corresponde asumir una tarea que no se le asignó, no es quien para desprender hojas de la Constitución, y argumentaron que la inaplicación de la Constitución por parte de la SCJN cuestionaría la división de poderes y el Estado de Derecho.
“Sería una falacia que, al tiempo que estamos convocando a defender la ley suprema, llamáramos a desaplicarla”, afirmaron.
El debate, que se dio primero en las dos cámaras del Congreso y también fue muy ríspido y dividido pues la oposición política votó por eliminarla, y el oficialismo mayoritario por mantenerla, continuará este martes sin muchas perspectivas aunque hay intensas negociaciones.
Pero en caso de que la Corte tome una decisión contraria al criterio del gobierno, sus efectos no implicarán la liberación inmediata de quienes estén sujetos a esa modalidad de privación de la libertad, según el proyecto del ministro Aguilar.
La propuesta es anular la aplicación de la parte constitucional que permite imponer ese tipo de prisión en una veintena de delitos, que van desde el abuso sexual a menores hasta el atentado contra la seguridad de la nación.
Aun así, en el caso de que ese sea el sentido del acuerdo de la corte, los efectos del fallo no serán generales ni inmediatos. El gobierno advirtió que eliminar la medida cautelar generaría una gran impunidad.
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