Por segunda jornada sucesiva, el comité ministerial volverá a sesión para decidir sobre el incremento de los salarios y la asistencia social en las fuerzas de seguridad, la educación, el poder judicial y en la empresa de datos, Internet y banda ancha, Ogero.
Encabezado por el primer ministro designado, Najib Miqati, el gabinete en funciones estudia un plan para la compensación de la productividad a los trabajadores y mejorar los ingresos del erario en las instituciones estatales.
Desde junio pasado, los empleados públicos convocaron al paro abierto para reclamar la corrección de los sueldos, modificar el subsidio de transporte y la ayuda social.
A inicios de semana, el Banco de Líbano anunció la transferencia a las entidades financieras de los salarios y la asistencia social de los empleados del sector público, los diplomáticos libaneses y las becas escolares al personal militar.
Sin la respuesta total a sus demandas, los trabajadores de Ogero decidieron volver a la escalada y detener sus operaciones lo que causará afectaciones a la red de telecomunicaciones debido a la ausencia de electricidad y mantenimiento.
En medio de este escenario, los organismos económicos encabezados por el exministro Mohamed Choucair insistieron en la urgencia de adoptar las leyes de reforma, retornar a los mercados financieros globales, restaurar el sector público, implementar proyectos de asociación entre las instituciones estatales y la actividad privada y estimular la inversión.
Reportes de agencias especializadas de Naciones Unidas refieren que 2,2 millones de libaneses demandan apoyo urgente para asegurar el acceso a alimentos y otras necesidades básicas hasta fin de año, un aumento del 46 por ciento en comparación con 2021.
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