La orden permitirá que se les busque en 195 países para ser aprehendidos y presentados a la justicia mexicana.
Un comunicado de la FGR los acusa de delitos relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que consisten en aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización.
Solís tramitó juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, para lo cual se le pidió depositar una garantía de 500 mil pesos, sin que hasta este momento se haya cumplido este requisito, por lo cual la orden de aprehensión sigue vigente.
Dentro de las acciones emprendidas hasta ahora para la investigación de este caso, la FGR detalló que ha entrevistado a 25 personas, víctimas directas e indirectas de los hechos, así como testigos de los hechos.
También realizó ocho dictámenes periciales, entre los que destacan: de Criminalística de Campo en el lugar de la mina El Pinabete, para obtener los indicios asociados al hecho; de Fotografía Forense, de Arquitectura, Ingeniería y Topografía.
La Agencia de Investigación Criminal procedió a identificar a las víctimas y a los propietarios del inmueble, quienes para ello requirieron informes oficiales a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Economía, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre otras más.
Además revisaron las oficinas de la Compañía Minera El Pinabete S.A. de C.V., asegurándose el inmueble, documentación y equipos de cómputo. Se decretó el aseguramiento del predio conocido como Las Conchitas Norte, propiedad de esa misma empresa., ubicado en la comunidad Las Agujitas, municipio de Sabinas, Coahuila.
Con todo ese material acopiado las autoridades pudieron identificarse a Cristian Solís como la persona que explotaba la mina, así como a Arnulfo Garza y Luis García, quienes son los propietarios de la compañía y no dieron la cara en ningún momento desde el accidente ocurrido el 3 de agosto cuando el pozo carbonero se inundó por falta de seguridad.
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