De acuerdo con un comunicado de la esta entidad de la justicia transicional en el país, nacida tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, serán investigados los crímenes cometidos por todos los actores durante el conflicto armado contra poblaciones y territorios ancestrales.
Según el análisis de la JEP, el hecho criminal con más víctimas documentadas es el desplazamiento forzado, seguido del homicidio y la desaparición forzada.
En ese sentido, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP investigará los crímenes no amnistiables cometidos por integrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo y de la fuerza pública, así como otros agentes del Estado y terceros civiles.
El caso denominado Crímenes cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos, juzgará y sancionará los hechos citados que no estén siendo investigados en el marco de los demás macrocasos abiertos por la JEP.
Esta nueva investigación se abre respondiendo a las demandas de verdad de las víctimas y sus organizaciones, quienes resaltaron que las múltiples violencias están acentuadas por el racismo y la discriminación, y les han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual.
Dicha situación fue reconocida por la Corte Constitucional desde hace casi dos décadas, puntualizó la entidad.
En el Acuerdo Final de Paz se reconoce que los Pueblos Étnicos «han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país», señaló la JEP.
Por lo anterior, a partir del Acuerdo Final se abordó el enfoque étnico racial y de género, mujer, familia y generación en todas las actuaciones del Sistema Integral de Paz, para asegurar el derecho fundamental a la consulta previa.
Además, garantizar la participación de los pueblos étnicos como sujeto colectivo titular de derechos en los procesos judiciales y extrajudiciales.
Asimismo, el respeto de las facultades jurisdiccionales de los pueblos indígenas y de justicia propia de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y la definición de mecanismos de coordinación interjurisdiccional e interjusticias con los pueblos étnicos.
Con la apertura del Caso 09 las víctimas de estos crímenes tienen una oportunidad histórica de participar, verse representadas, escuchadas y de ser restauradas de manera colectiva e individual en sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación integral y la no repetición de siglos de violencia en sus territorios ancestrales y colectivos.
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