La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, la Organización de Estados Iberoamericanos y la corporación Vivamos Humanos, presentaron el documento donde se describe, analiza y argumenta este proceso entre víctimas del conflicto y firmantes de la paz.
TOAR inició con la suscripción del convenio interadministrativo en 2020, para construir una arquitectura institucional para el acompañamiento de las sanciones propias de la JEP y desarrollar herramientas metodológicas e instrumentos de medición aplicables para Bogotá y replicables en otros territorios para la formulación de proyectos.
La JEP es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado interno en Colombia.
Las sanciones propias o restaurativas son las únicas que no conducen a la cárcel, pero implican la restricción efectiva de libertades y derechos y el cumplimiento de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador.
En este primer piloto se llevaron a cabo 19 encuentros en los que participaron 82 comparecientes de las extintas FARC y 24 representantes de la Mesa de Participación de Víctimas de la localidad de Usme.
«Quiero felicitar a la Alcaldía por esta iniciativa. Es importante que el plan piloto lo podamos tomar como referencia para lo que se aproxima y que se implemente en otras regiones del país», añadió en su intervención Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes.
El resultado de este amplio trabajo fue la formulación de un macroproyecto de memoria con cuatro líneas específicas relacionadas con temas ambientales (huerta urbana), de salud (proyecto con enfoque de género y transgeneracional), arte (teatro comunitario) y deporte (escuela de formación y un campeonato de fútbol), apostándole al acompañamiento de procesos de justicia restaurativa.
«El país, en el último mes, está respirando aires distintos, de paz, libertad y reconciliación. Implementando esta ruta vamos por el camino de la justicia del perdón, de la verdad, todo en torno a las víctimas del Conflicto Armado. Este proyecto que hemos hecho en Usme está en función de ellas», dijo el expresidente Ernesto Samper y presidente de la Corporación Vivamos Humanos.
De esta manera, Bogotá ratifica su compromiso con las víctimas del conflicto armado y los firmantes del Acuerdo de Paz, al trabajar en la dignificación y la reparación a través de la implementación de proyectos en las localidades que contribuyan a la reconstrucción del tejido social y la paz total.
Camilo Suárez, presidente de la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP, afirmó que pensar en sanción propia y justicia restaurativa es una gran apuesta del país para encontrar una resolución total del conflicto porque visibiliza a las víctimas, las ubica en el centro de todo, las identifica.
jha/otf
