Dijo que esa decisión tiene que ver con la racionalidad y cómo deben actuar los servidores públicos, es decir, despojarse de los intereses individuales en favor de lo colectivo, y lo que se aprobó fue que se amplíe el plazo para que las secretarías de Defensa y Marina sigan ayudando en las tareas de seguridad pública para garantizar la paz.
Acusó a sus adversarios de actuar y pensar de manera simplista al declarar que se busca militarizar, reprimir o establecer un régimen dictatorial. Aclaró que todo eso es falso, invenciones, porque si de eso se tratara ni siquiera haría falta reformar la constitución.
Dijo que así fue en el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) de Felipe Calderón (2006-2012) cuando declaró la guerra al crimen organizado y le permitió al ejército participar en labores de seguridad, y ahora se rasgan las vestiduras.
Incluso puso a un civil de secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna), que era su brazo derecho, y miren los resultados: se asoció con la delincuencia organizada, se convirtió en un hombre poderosísimo y terminó en la cárcel en Estados Unidos.
Nosotros, a diferencia de otros gobiernos -dijo- nunca hemos dado la orden de torturar a alguien, ni de llevar a cabo una masacre, o utilizar al ejército para reprimir el pueblo.
Lo que estamos haciendo, concluyó, es que quienes me van a sustituir, hombre o mujer, no deben enfrentar el problema de la inseguridad sin tener elementos, aunque se arraigó mucho y ahora lleva tiempo eliminarlo, en especial porque no se atendieron las causas sociales que la generaron, sobre todo en el tratamiento a la juventud discriminada.
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