Benoit, quien fue electo por una franja de la oposición como primer ministro para un eventual Gobierno de transición, dijo estar junto a los haitianos en su lucha por el cambio.
Aseguró que las principales demandas de la población están recogidas por el Acuerdo Montana, firmado por cientos de organizaciones políticas y sociales.
Para el exparlamentario, ese consenso presenta al país una propuesta de salida a la crisis a través del establecimiento de una nueva gobernanza centrada en un Estado al servicio de la población.
Asimismo, afirmó que el Acuerdo de Montana no excluye a nadie, sino que apuesta por la unión nacional donde los progresistas puedan buscar juntos la mejor manera de implementar este proyecto de nuevo Estado.
Desde finales de agosto, miles de personas se manifiestan en las calles contra el alto costo de los alimentos y otros productos de primera necesidad, la devaluación de la moneda nacional, y el crónico desabastecimiento de los combustibles.
Las movilizaciones se intensificaron esta semana tras el anuncio gubernamental del aumento de los precios de los hidrocarburos, lo cual atizó el descontento popular.
El miércoles las autoridades confirmaron un alza del 228 por ciento de la gasolina y un 89 por ciento del diésel y en respuesta cientos de miles de personas bloquearon la capital, Puerto Príncipe, con barricadas de neumáticos y otros objetos.
También se reportaron masivas movilizaciones en Cabo Haitiano, Jeremie, Les Cayes y Gonaïves, en esta última se registraron saqueos en los almacenes de la organización Cáritas y del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
Los bancos, embajadas, instituciones públicas y privadas cerraron sus puertas y se limitaron los vuelos internacionales, ante la degradación de la situación.
La víspera, la Policía prohibió el permiso para portar armas y señaló que no permitirían el ataque contra la vida y los bienes de los ciudadanos.
Durante las jornadas de protestas esta semana, manifestantes atacaron la sede de la Televisión Nacional y la emisora Radio Model FM, así como las residencias privadas del abogado André Michel y la presidenta del partido Fusión de los Socialdemócratas, Edmonde Suplice, a quienes acusaron de ser aliados del Gobierno.
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