Desde la noche del lunes, tras el anuncio del primer ministro del incremento de los precios de los combustibles, las calles estuvieron prácticamente intransitables por las enormes barricadas humeantes, mientras grupos de motociclistas transitaban amenazantes por las avenidas.
El martes, medios de prensa denunciaron que al menos dos personas murieron en Puerto Príncipe, una de ellas mientras se encontraba en su vivienda y fue alcanzada por tres proyectiles, mientras que un activista fue asesinado cuando la movilización se acercó a la Oficina de Seguros Contra la Vejez, presuntamente por el guardia de seguridad.
Esa misma jornada, manifestantes atacaron la sede de la emisora Model FM e hirieron a uno de los técnicos, y dos días después otro grupo irrumpió en la edificación de la Televisión Estatal de Haití, incendió varios vehículos, lanzó piedras a las ventanas y hurtó algunos equipos.
Mientras las calles permanecían bloqueadas también se detuvieron las actividades comerciales, transportación colectiva y los bancos y embajadas anunciaron la suspensión de los servicios, así como se interrumpieron vuelos internacionales.
Los manifestantes reclamaban la renuncia del primer ministro, Ariel Henry, y la marcha atrás a la medida gubernamental que incrementa un 228 por ciento los precios de la gasolina y hasta un 89 por ciento el diésel.
En las ciudades departamentales también se registraron saqueos de empresas estatales y privadas como Electricidad de Haití, sucursales bancarias y almacenes del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y de la organización Cáritas.
El ministro de Justicia, Berto Dorcé condenó los actos de violencia, saqueo y vandalismo perpetrados contra locales de instituciones públicas e internacionales, empresas privadas, así como residencias de líderes políticos y ciudadanos pacíficos, y los calificó de bárbaros y contrarios a la ley y las normas democráticas.
Por su parte, la Policía prohibió el permiso para portar armas y aseguró que no tolerará la violencia.
Haití lleva años sumida en una profunda crisis económica, social y política que se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse y ante el poderío de los grupos armados que operan con impunidad.
El crónico desabastecimiento de los combustibles crece, mientras el producto alcanza precios inverosímiles en el mercado informal, lo cual avivó el descontento popular por su impacto en los costos de la canasta básica.
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