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Sindicatos ticos rechazan destitución presidente del Seguro Social

presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos
San José, 19 sep (Prensa Latina) La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) rechazaron la destitución del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos.

En sendos comunicados de prensa emitidos este domingo, ambos sindicatos llaman a defender el incremento salarial para los empleados de la salud en Costa Rica.

El ajuste salarial acordado por la Junta Directiva de la CCSS hace dos semanas estuvo sustentado en criterios técnicos, jurídicos y constitucionales, en el Código de Trabajo, la autonomía constitucionalmente atribuida a esa institución y pronunciamientos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, señala Undeca.

La dignidad de Ramos al defender ese incremento salarial para los empleados de la CCSS estuvo muy por encima de la conducta sumisa que esperaba el presidente tico y por ello él y su obediente Consejo de Gobierno, cuyos salarios se incrementaron, ordenaron su destitución inmediata el sábado pasado, apunta.

«Advertimos a los trabajadores de la benemérita CCSS, emblemática del Estado Social y Democrático, garante de la salud de la población, que nuestra querida institución está en un gravísimo riesgo, por una parte, por la exorbitante intervención política del Gobierno, y por otra parte, por los espurios intereses mercantilistas y privatizadores», denuncia Undeca.

Por ello, ese sindicato del sector salud llama a todos los trabajadores de la CCSS a pronunciarse y salir a defender enérgicamente la autonomía institucional y demanda el pago inmediato del ajuste salarial.

«¡Detengamos la hostilidad política contra las personas que laboran en la CCSS, que más que merecido tienen este ajuste!», subraya el comunicado de prensa de Undeca.

Por su parte, APSE condena la destitución de Ramos, ordenada por el presidente tico por haber sostenido la aplicación de un reajuste salarial para los trabajadores de la salud aprobado en 2019, pero sin ejecutar por motivo de la pandemia de Covid-19.

«Estas decisiones revisten una actitud de intolerancia política y lanzan una pésima señal, ya que por decisiones del gobierno de turno se pretende dejar sin efecto decisiones previas que tienen fundamento en la ley, lo que viene a socavar la estabilidad jurídica del país», asevera APSE.

Ese sindicato resalta que no es aceptable que el Poder Ejecutivo pretenda arrebatarles este derecho a los trabajadores de la salud, bajo el argumento de la estabilidad fiscal y los problemas presupuestarios, motivos que no fueron de peso para ordenar el aumento salarial exclusivamente a los ministros y viceministros del gobierno.

Este tipo de acciones solo demuestran una nula capacidad de escuchar y analizar las consecuencias de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo, refiere.

Pero sobre todo, subraya APSE, ponen en evidencia cómo las condiciones de vida de los trabajadores es un tema que no le interesa a un Gobierno que se muestra muy complaciente con los suyos, pero intolerante con el pueblo trabajador.

jf/ale

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