El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou reconoció que el decreto que flexibiliza las normativas de empaquetado y presentación de los cigarros fue a pedido de Montepaz.
Argumentó que la medida se justifica en el enfrentamiento al contrabando.
Pero el doctor Eduardo Bianco, experto en tratamiento del tabaquismo y conductas adictivas, opinó que la sociedad uruguaya financia con aproximadamente 700 millones de dólares el costo en salud de las enfermedades vinculadas con el consumo del tabaco.
El experto sostuvo que la industria tabacalera no aporta nada al respecto y consideró que ello es «un mal negocio para el país».
Por su parte la investigadora brasileña Vera Luiza Da costa, recordó que Uruguay fue uno de los países más avanzados en las políticas antitabaco.
Refirió lo que calificó como victoria histórica frente al gigante Philips Morris, que marcó pauta a nivel continental e internacional.
Sobre el decreto gubernamental apuntó que irrespeta el Convenio Marco para el Control del Tabaco, firmado hace años y con compromisos internacionales.
Explicó que un punto clave de ese tratado es impedir que la industria tabacalera intervenga en las políticas de Estado.
Uruguay fue pionero en Latinoamérica en el empaquetado de cigarros en cajas sin logos, marcas, libres de aspectos publicitarios y con advertencias para la salud.
El economista argentino Germán Rodríguez refirió que los datos del comercio ilícito a nivel mundial han sido exagerados por la industria tabacalera. La evidencia mundial demuestra que el contrabando está relacionado con la falta de controles y transparencia, adujo.
Según apuntó, el volumen de producción de cigarrillos se mantiene estable en Uruguay, mientras el consumo va a la baja.
Desde diversos sectores hay reclamos para que el gobierno deroque el decreto, pero las autoridades adelantaron que no darán marcha atrás.
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