Después de ser notificados de la absolución de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, la que también beneficia a su jefe de policías y 11 personas más, las madres y padres de los normalistas denunciaron que eso es consecuencia de las ilegalidades con que la extinta Procuraduría General investigó el caso Ayotzinapa.
Además, fueron enterados del cumplimiento de cuatro órdenes de aprehensión de elementos militares, entre ellos, el general retirado José Rodríguez Pérez, quien era el comandante del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, pero por una acusación de delincuencia organizada, sin mencionar Ayotzinapa.
Según el informe de la Comisión para la Verdad del caso, Rodríguez Pérez presuntamente ordenó la ejecución y desaparición de seis normalistas.
En la notificación hecha por el juez segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, dentro de la causa penal, el cumplimiento de las órdenes de aprehensión fue sólo por delincuencia organizada.
Agrupaciones que apoyan a los familiares (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y Serapaz), explican que se han cumplimentado órdenes de aprehensión contra Eduardo Mota Esquivel, por delincuencia organizada y desaparición forzada, y José Martínez Crespo, también por desaparición forzada.
También fue detenido Fabián Alejandro Pirita por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Los cuatro se encuentran internos en la prisión militar ubicada en el campo militar 1-A.
En la sentencia absolutoria de Abarca se incluyen a 19 personas más a pesar del gran cúmulo de evidencias que los vinculas al execrable crimen de los estudiantes de Ayotzinapa.
Abarca no fu liberado porque se le sigue proceso por el presunto asesinato en 2013 de tres activistas sociales.
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