Esto permitiría, debido al cambio de circunstancias, destinar los recursos para el pago de la deuda original, unos 73 mil millones de dólares, a la reconstrucción de infraestructura, los servicios esenciales y el desarrollo económico del país, incluyendo la agricultura.
“La doctrina de cambio de circunstancias hace referencia a que el contexto se ha transformado a tal grado que el ente deudor no podrá cumplir con los acuerdos que hizo previamente, sin menoscabar sus responsabilidades esenciales”, explicó Jorge Lefevre-Tavárez, miembro de la Comisión Política de Democracia Socialista.
Refirió que distintos sectores, incluyéndonos, indicamos que la tragedia del huracán María hacía necesario que el gobierno impulsara esa doctrina, para promover la cancelación de la deuda, con todo el derecho de ley y la razón.
Esto hubiese permitido que en lugar de destinar grandes recursos del país al pago de la deuda, se habrían utilizado para la reconstrucción y el desarrollo económico, pero el gobierno puertorriqueño continuó haciéndole el juego a los intereses de los acreedores, dijo.
Natalia Santos, también integrante de la Comisión Política de Democracia Socialista, coincidió que con el paso del huracán Fiona hace cuatro días, “la destrucción que ha dejado, obliga que se retome la doctrina de cambio de circunstancias”.
La dirigente socialista recordó que el gobierno aprobó el año pasado la Ley 53, haciendo viable el Plan de Ajuste de Deuda que negoció la junta de control fiscal a nombre del pueblo.
“Los mil 150 millones de dólares anuales para el pago de la deuda del gobierno central podrían destinarse ahora a la infraestructura, como la vivienda, que ha sido devastada por el huracán Fiona, o al desarrollo económico e incentivar, por ejemplo, la agricultura”, resumió.
Santos apuntó que mientras sectores importantes de la juventud promueven un renovado desarrollo de la agricultura, que pudiera ser el inicio de toda una industria agrícola eslabonada, se encuentran con la dificultad ante el acceso de tierras y de capital.
“Esta sería un área importante de desarrollo económico que pudiera aprovecharse si se cancela la deuda”, prosiguió la dirigente al aclarar que la propuesta de cancelación no se limitaría a los bonos de Obligación General, cuyo pago garantiza la Constitución de Puerto Rico.
Sugirió aprovechar que la deuda de nueve mil millones de dólares de la Autoridad de Energía Eléctrica se litigará en los tribunales, para exigir su cancelación en ese espacio y devolver la corporación al control público tras la entrada del consorcio canadiense-estadounidense LUMA Energy.
Pidió aprovechar también las negociaciones sobre la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación para exigir su cancelación, planteó para frenar los aumentos en los peajes, que se querían negociar para los próximos 40 años, la dirigente de Democracia Socialista, conformada en 2014, que acaba de celebrar su primer congreso.
acl/nrm
