Con el apoyo de parientes y agrupaciones, las autoridades esperan tener un proyecto listo para principios de 2023, cuando se cumplirán los 50 años del golpe contra el presidente Salvador Allende (1970-1973).
El plan fue anunciado recientemente por el presidente Gabriel Boric y tiene como objetivo investigar y conocer el destino final de al menos mil 159 personas que fueron víctimas de esa práctica durante los 17 años de régimen militar.
Durante un acto realizado en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, la ministra Ríos aseguró que todas las instituciones del Estado deben estar al servicio de esa tarea y ya se conversó al respecto con la titular de Defensa, Maya Fernández.
Existen todavía miles de hogares en Chile con alguno de sus miembros ausente debido a la represión durante la dictadura, que no han logrado cerrar el ciclo del duelo, pues ignoran la verdad sobre lo ocurrido a su ser querido. De acuerdo con los convenios internacionales, la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, que se sigue cometiendo hasta tanto se tenga la certeza de lo ocurrido con la víctima y se determine con exactitud su paradero.
La propuesta tiene cinco ejes iniciales, los cuales comienzan por adoptar todas las medidas para realizar las indagaciones, conocer el universo total de quienes sufrieron ese tipo de violación a sus derechos humanos, recopilar los antecedentes contenidos en entidades públicas y privadas y entregar los restos a los deudos.
Flor Lazo, presidenta de la Agrupación de Detenidos y Desaparecidos de Paine, destacó la envergadura del programa y recordó que son 49 años de incertidumbre y dolor, pero ahora, dijo, despierta de nuevo la esperanza.
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