Según los reportes, la medida estará vigente durante 90 días en los 18 departamentos hondureños y responde a la grave situación y los riesgos que enfrentan miles de familias, como consecuencia de inundaciones, derrumbes y deslaves.
Desde hace varias semanas la nación centroamericana vive un complejo panorama por los fuertes aguaceros registrados en toda la geografía hondureña, que han dejado nueve muertos y más de 17 mil damnificados. “Las instituciones de la administración pública, secretarías de Estado, entes desconcentrados, empresas e instituciones, direcciones administrativas y gerencias de programas y proyectos, deben proceder de inmediato a ejecutar las acciones de prevención y atención de daños”, señala el decreto.
De acuerdo con la información divulgada, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales debe mantener activo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos con el propósito de trabajar de forma articulada y las instituciones respondan a las emergencias.
La orden gubernamental también orienta a los ministerios al frente de la emergencia a realizar las contrataciones directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender la problemática de acuerdo con sus competencias legales.
En ese sentido, destaca la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria del pueblo hondureño, para lo cual se orientó a las entidades pertinentes brindar servicios y asistencia técnica directa con el fin de mantener activa la cadena de producción.
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