Según indicó en conferencia de prensa el vocero del titular de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para la asistencia urge un acceso inmediato y sin restricciones sobre el terreno para facilitar la entrega de combustible con fines humanitarios.
De igual forma, Dujarric ratificó que el secretario general hizo un llamamiento a todas las partes interesadas para trabajar juntas y organizar una respuesta centrada en limitar la propagación de la enfermedad e informar sobre las medidas de protección.
La víspera la nación caribeña confirmó el primer caso de cólera y pidió a la población adoptar procederes de higiene para contener la enfermedad generalmente transmitida por el agua, que provoca diarrea y deshidratación severas.
Al menos ocho personas, entre ellas un niño, fallecieron como consecuencia de un brote detectado en Puerto Príncipe.
La transmisión de esa dolencia tiene lugar en un momento convulso para Haití, que vive una crisis económica, política y social tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse (1968-2021) y la ampliación de las zonas de control de los grupos armados.
Decenas de miles de personas salen a las calles desde finales de agosto para denunciar la situación, y el reciente aumento de los precios de los combustibles decretado por el Gobierno agravó las protestas.
De acuerdo con Dujarric, en el actual contexto de agitación social es imperativo que los equipos tengan garantizado el acceso seguro a las zonas donde fueron confirmados o hay sospechas de casos, para ayudar a mitigar el riesgo de un brote significativo.
El suministro de combustible está bloqueado en el puerto desde mediados de septiembre, lo que perturba la vida cotidiana del pueblo haitiano y la capacidad de los colegas de la ONU y de la comunidad internacional para responder a la crisis, agregó el portavoz.
El país caribeño estaba sin reportar el padecimiento desde 2019, nueve años después de la introducción de una cepa por militares de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilidad, que costó la vida de casi 10 mil personas y enfermó a más de 850 mil.
Más de una década después, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos reclaman indemnización para las víctimas.
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