La llamada Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, cuyo objetivo es impedir la deportación de cientos de miles de inmigrantes que arribaron a Estados Unidos en la niñez, deberá ser revisada ahora por un juez de distrito federal en Texas.
El dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, prohíbe así la incorporación de nuevos solicitantes, aunque mantiene vigentes las prerrogativas para los que ya se ampara en él.
Asimismo, confirma el status de ilegalidad del programa conferido el pasado año por el juez de distrito de Texas, Andrew Hanen, quien estimó que la iniciativa no había estado sujeta a los períodos de aviso público y comentarios requeridos por la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
En julio pasado, el Departamento de Justicia defendió la pertinencia de la propuesta al argumentar que los beneficiarios de DACA crecieron para convertirse en impulsores productivos de la economía.
Por el contrario, nueve estados de tendencia republicana arguyeron perjuicios financieros, pues alegaron gastar cientos de millones de dólares en atención médica, educación y otros costos, cuando se permite a los inmigrantes permanecer en el país.
En respuesta al dictamen de la corte de Nueva Orleans, un comunicado de la Casa Blanca calificó la decisión judicial como el resultado de los esfuerzos de los funcionarios conservadores para despojar a los beneficiarios de DACA de los amparos y la autorización de trabajo que muchos han disfrutado por una década.
El presidente de la nación, Joe Biden, dijo estar decepcionado con el fallo que mantiene en la ilegalidad a la iniciativa, y agregó cómo ahora las vidas de los Dreamers (nombre que reciben los jóvenes aspirantes al programa) permanecen en el limbo.
Este desafío es solo otro ejemplo de la agenda extrema impulsada por los funcionarios republicanos de MAGA, añadió el comunicado en referencia al acrónimo del slogan (Make America Great Again o Hacer a América grande otra vez).
No obstante el pronunciamiento, analistas apuntan que la administración de Biden no hizo todo lo que estuvo a su alcance para perfeccionar la política, y sostienen que decepcionó a algunos defensores de DACA con su estrategia legal de mantener sin cambios los requisitos respecto a la edad para solicitar los beneficios de la norma.
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