Citada por el portal G1, para llegar a esa conclusión la iniciativa de instituciones académicas y de la sociedad civil monitoreó entre agosto de 2021 y julio pasado actos de violencia en Río, Bahía, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí y Sao Paulo.
El período resultó en 21 mil 563 eventos agresivos analizados en estos lugares y destaca un componente racial en las acciones, el que resultó bautizado como «Máquina de moler persona negra: la responsabilidad de la blancura».
Tal documento también muestra otros recortes, como el que señala que las acciones policiales siguen representando más de la mitad de esos registros.
En el conjunto de los siete estados, los eventos ligados a las policías representan el 55 por ciento de la investigación, pero en Río, llegan al 67.
La división territorial sobresale además por la violencia policial, siendo la corporación del orden la que más mata y más muere.
Ese mismo dato apareció en el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2021, que mostraba el número de personas muertas por la policía, y en años anteriores, con destaque para vidas perdidas de miembros de las fuerzas de seguridad pública.
Cifras del estudio muestran que, en el período analizado, el estado tuvo más del doble de muerte en acciones de policía, más del doble en niños y adolescentes, y más del triple de heridos.
«Río de Janeiro necesita un cambio de rumbo en la seguridad pública lo antes posible. Repetir los viejos errores e invertir en acciones policiales violentas, con violaciones a los derechos humanos, sin inteligencia o investigación nos trajo hasta aquí», indica un fragmento del texto de la pesquisa.
Refiere que se registran marcas «de muertes promovidas por policías y, al mismo tiempo, visto el crimen expandirse y diversificar su actuación, manteniendo parcelas expresivas de la población bajo el control violento y la explotación financiera».
Según la Red de Observatorios, el monitoreo se realiza diariamente a partir de medios de prensa. Los investigadores recopilan información y alimentan una base de datos que posteriormente se revisa y consolida.
El informe concluye que el modelo de confrontación como política de seguridad pública no funciona, afecta principalmente a personas negras y pobres, y no resulta en la desarticulación del crimen.
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