Para el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, Raúl Jiménez, de nada vale promover una ley que estimula la inversión inmobiliaria en el interior del país si no se alcanza la expectativa de llegar al menos a unos 1,8 millones de excursionistas este año.
El empresario precisó que en 2021 llegaron al país centroamericano unos 800 mil turistas, que contrasta con los 2,5 millones que lo hicieron en 2019, antes de la pandemia de la Covid-19, es decir se está al 30 por ciento de la recuperación.
En ese sentido, Jiménez cuestionó la iniciativa sancionada la víspera en tercer debate de incentivos al turismo porque promueve la construcción de instalaciones en el interior del istmo sin tener en cuenta la demanda, además de no ser consultada con la Asociación de Hoteles o algún otro gremio del sector, y es parte de las objeciones de la ciudadanía, remarcó.
Por su parte, el abogado Carlos Basallo opinó que en el proceso de debates en la Asamblea Nacional se dieron cambios en la iniciativa, pero mantiene lo que es objeto de críticas por todos incluso del propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, y que son los créditos fiscales.
También el letrado Ramón Arias, que en su momento demandó por inconstitucional la Ley 122 (ahora la 888), señaló que aquí hay abusos evidentes de defraudación fiscal, aunque ahora Cortizo tendrá la posibilidad de vetarla o no.
En mayo último, la propia Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) solicitó que el mandatario vetara la futura ley.
Además solicitó la conformación inmediata de una Comisión Técnica que presentara un proyecto consensuado con los diferentes actores impactados y donde primaran los intereses del país.
Pero nada de eso se hizo y en lo adelante la iniciativa permitiría que las sociedades o personas naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas con proyectos fuera del distrito de Panamá, reciban un crédito fiscal del impuesto sobre la renta por las sumas invertidas.
El gremio empresarial precisó que la polémica legislación genera desconfianza por su falta de proporcionalidad, fiscalización y transparencia, al tiempo que alertó como probable que el país termine financiando proyectos turísticos que no tendrían el impacto que se promete.
La disposición otorga el beneficio a un pequeño pero poderoso grupo de desarrolladores turísticos, entre ellos las familias Eleta, Bern y Alemán, con valores registrados por 232 millones, 155 millones y 71 millones de dólares, respectivamente, según la Cciap.
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