Ante el Consejo de Seguridad, el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, destacó el compromiso de la actual administración de Bogotá con la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y los pasos dados hacia ese objetivo.
Durante la presentación de su informe trimestral, el representante especial del Secretario General para Colombia expuso las acciones efectuadas en la nación sudamericana desde la juramentación de Petro como presidente y Francia Márquez en el cargo de vicepresidenta el siete de agosto del presente año.
Resaltó la intención expresa del mandatario colombiano de alcanzar lo que denominó la paz total del país con la solución de los problemas de los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el refuerzo urgente de la protección a los líderes sociales y las comunidades vulnerables.
Saludó además la disposición del Gobierno y de los desmovilizados de las FARC-EP para trabajar conjuntamente en la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y el llamado de Petro a todos los actores armados para un cese al fuego y a poner principios humanitarios por encima de cualquier divergencia.
Ruiz Massieu mencionó, al respecto, la reanudación de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha expresado su disposición a dialogar, y los pasos dados hacia esa dirección como la reunión celebrada en La Habana en agosto último entre el ministro de Relaciones Exteriores, el Alto Comisionado para la Paz y la delegación del ELN.
Agregó que un elemento más en el camino hacia la estabilidad total de la nación lo aporta el Congreso instalado el 20 de julio para el período 2022-2026, el cual, por primera vez acoge a los representantes de las zonas afectadas por el conflicto y tiene el mayor número de legisladoras de la historia de Colombia, apuntó.
También manifestó la confianza del secretario general, Antonio Guterres, en los esfuerzos del gobierno para apoyar la reincorporación económica, política y social de los más de 13 mil excombatientes de las FARC-EP comprometidos con la paz.
Aunque reconoció los esfuerzos del nuevo gobierno para la erradicación de la violencia, el funcionario de la ONU alertó sobre los obstáculos que representa la inseguridad que aún sufren los desmovilizado al proceso de paz colombiano.
Desde la firma del acuerdo, 342 excombatientes fueron asesinados, de ellos 11 eran mujeres, 48 afrocolombianos y 28 indígenas, y durante los últimos tres meses, murieron 15, todos hombres, y 11 de ellos solo en julio, lo que lo convierte en el mes más letal desde 2019, apuntó Ruiz Massieu.
También señaló el texto que acciones de grupos armados ilegales continúan en zonas con escasa presencia del Estado, lo cual afecta asimismo a esas comunidades y liderazgos sociales.
Al respecto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que durante el periodo del informe más de ocho mil personas fueron confinadas y más de 13 mil se vieron obligadas a abandonar sus territorios, refirió.
De igual modo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió denuncias de 45 homicidios contra defensores de derechos humanos, incluyendo 7 mujeres, de los cuales solo ocho fueron verificados, apuntó.
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