“Son principios sobre los cuales hay una conversación bastante avanzada y transversal; sin embargo, hay algunos puntos que se van a enriquecer en los próximos días”, dijo Soto.
Entre los aspectos en los cuales puede haber consenso figuran la definición del Estado chileno como unitario y descentralizado, la existencia de tres poderes separados e independientes, el reconocimiento a los pueblos indígenas, el cuidado del medioambiente y el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones.
El titular de la cámara, junto al del senado, Álvaro Elizalde, convocarán a una nueva reunión el lunes para comenzar a profundizar en el siguiente punto: la conformación de un órgano de arbitraje para el cumplimiento de las bases y los mecanismos con que se redactará la nueva carta magna.
Las conversaciones entre los partidos con representación en el parlamento con el fin de avanzar hacia una nueva ley fundamental comenzaron tras el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de un texto elaborado por una comisión paritaria.
Pero existen diferencias entre las formaciones políticas en aspectos sustanciales como la vía para elegir a los miembros de una futura convención, el papel de los expertos en el proceso, los plazos y los escaños reservados, entre otros asuntos.
Según una encuesta reciente publicada aquí, el 71 por ciento de los chilenos está de acuerdo en que el país necesita una nueva constitución y 66 de cada 100 consideran prioritario este proceso.
La ley fundamental vigente fue impuesta en 1980 en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet y sienta las bases del modelo neoliberal en Chile.
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