Según el portal G1, los datos son la respuesta del Ejército a través de la Ley de Acceso a la Información, responsable del sistema que gestiona las notificaciones.
Entre 2003 (año del Estatuto del Desarme) y 2018, fueron concedidos 171 mil 431 registros de CACs.
Desde 2019 hasta la fecha, cuando Bolsonaro asumió la presidencia de la República y dio inicio a un cambio en la política de armas del país, el número saltó a 549 mil 831.
En su primer mes de gobierno, en enero de 2019, el exmilitar dictó decretos que facilitaban la compra, posesión y porte de aparatos bélicos y de munición.
Algunos de ellos fueron revocados o modificados desde entonces, incluso con suspensión de tramos determinada por el Supremo Tribunal Federal (STF) este año. De acuerdo con la decisión del STF, la posesión de armas de fuego solo podrá autorizarse a las personas que demuestren concretamente, por razones profesionales o personales, su necesidad efectiva.
Asimismo, la adquisición de artilugios de guerra de uso restringido solo podrá autorizarse en interés de la propia seguridad pública o de la defensa nacional, y no por interés personal.
Por último, la cantidad de munición que puede comprarse se limita únicamente a lo necesario para la seguridad de los ciudadanos de manera diligente y proporcionada.
G1 asegura que el número de armas registradas de 2019 a 2022 para estos grupos, conocidos como CACs, superó en más de cinco veces el total de los tres años anteriores a la gestión de Bolsonaro (entre 2015 y 2018).
En ese último periodo, según el Ejército, cazadores, tiradores y coleccionistas registraron 123 mil 55 artefactos bélicos. De 2019 hasta la fecha, fueron 680 mil 808 concesiones.
Solo este año, CACs registró 207 mil 81 armas de fuego, más que en todo el período entre 2015 y 2018.
El número de tiendas de armas en Brasil, con registro concedido por el Ejército, aumentó 143 por ciento de 2018 a 2021, según datos de ese cuerpo militar.
La cantidad de nuevos permisos de establecimientos pasó de 237 a 577.
De acuerdo con el profesor e investigador del Núcleo de Estudios sobre Violencia y Seguridad, Welliton Caixeta, el gobierno de Bolsonaro adoptó una política deliberada de flexibilización del acceso a las armas de fuego y municiones por la población.
«Es el Estado lavándose las manos. (…) Diversas investigaciones nacionales e internacionales señalan que más armas en circulación no implican mayor seguridad», alertó.
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