El Comité Interinstitucional de Santa Cruz exigió que el debate técnico sobre el ejercicio censal se realizara en ese departamento, en presencia de expertos extranjeros y que se transmitiera por la televisión nacional.
Sin embargo, cuando las autoridades gubernamentales accedieron a todos esos reclamos, se ausentaron y anunciaron que si no se deroga el Decreto Supremo 4760 que reprogramó la encuesta para el primer semestre de 2024 llamarán a la protesta por tiempo indefinido a partir del 22 de octubre.
En este contexto, el empresariado cruceño, movimientos sociales, el opositor alcalde de la capital oriental, Jhonny Fernández, y la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), ratificaron que no se sumarán a la medida de protesta.
Respecto a ese escenario, el analista Franklin Pareja consideró que es insostenible de forma independiente una medida extrema del grupo de poder encabezado por el gobernador, Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
Por su parte, el politólogo Marcelo Silva consideró en declaraciones a la prensa que, en el camino a este paro, la dirigencia del Comité cruceño “perdió aliados estratégicos en el ámbito de su reclamo” de realizar el Censo nacional en 2023.
Camacho deploró como “vendidos” al alcalde Fernández y sus similares de La Paz, Pando, Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija porque acudieron a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías de julio en la que se definió reprogramar el Censo para el 2024.
En respuesta, el gobernador de Tarija, Oscar Montes, replicó que su similar incurre en “exabruptos” que “nadie se lo va a permitir” y que por ello se va quedando sólo en el contexto nacional.
Para Pareja, el esfuerzo movilizativo de las élites cruceñas tiene de trasfondo una lucha por un mayor poder político que no pueden lograr por la vía democrática, pese a poseer la hegemonía económica en el país.
DEL LADO CONTRARIO
Frente a esta amenazada identificada por el Gobierno y los movimientos sociales como una dramaturgia desestabilizadora para imponer un golpe similar al de noviembre de 2019, los sectores populares se declararon en estado de emergencia y convocaron al Gran Cabildo del Pueblo el 21 de octubre.
“Estamos en contra del paro indefinido que el Comité Cívico Pro Santa Cruz está instando, nosotros no vamos a permitir el paro cívico y como organizaciones sociales veremos que nuestra gente tenga derecho al trabajo”, aseguró el líder del Bloque del Oriente, Franklin Vargas, en conferencia de prensa.
Informó el dirigente que para el cabildo del 21 de octubre ya confirmaron su asistencia la Confederación Obrera Departamental, las mujeres Bartolinas Sisa, los gremialistas, transportistas, organizaciones juveniles y trabajadores campesinos, entre otros sectores que llegarán desde los cuatro puntos cardinales de la capital oriental.
Aglutinador de diversos sectores sociales cruceños, el Bloque ratificó su respaldo a la democracia y al Gobierno constitucionalmente elegido del presidente, Luis Arce, con más del 55 por ciento de los votos populares en los comicios generales de octubre de 2020.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, advirtió desde Santa Cruz que se dispondrá de maquinaria pesada, si es necesario, para desbloquear las calles y la red vial fundamental para garantizar el libre tránsito y el traslado de combustibles a los distintos sectores y municipios cruceños.
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del castillo, en tanto, reiteró que la Policía garantizará la libre transitabilidad.
“Las personas que decidan acatar el paro pueden quedarse en su casa, pero no pueden afectar el derecho a terceras personas”, concluyó.
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