El 18 de octubre de 2019 comenzó en esta capital una protesta impulsada por estudiantes contra el alza de la tarifa del metro, que posteriormente se extendió por todo el país y demostró el descontento de la población con las desigualdades sociales.
Las revueltas, conocidas como el 18-O, fueron violentamente reprimidas por los Carabineros y fuerzas militares, con saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daños oculares producto de disparos de perdigones o bombas lacrimógenas.
“Todavía no tenemos esos derechos sociales que llevaron a la gente a las calles y por los cuales se luchó”, dijo la senadora independiente Fabiola Campillai, quien perdió la visión por el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro cuando se dirigía a su trabajo en los días de la revuelta.
Durante una entrevista a la Radio y Diario Universidad de Chile afirmó Campillai que aun la salud es pésima, hay carencias en la educación, las pensiones son insuficientes y hay un déficit habitacional tremendo.
Por otra parte, aseguró, las violaciones de los derechos humanos no han tenido justicia.
Según un informe anual de la Universidad Diego Portales, de ocho mil 593 causas ingresadas contra agentes del Estado hasta abril de este año, solo 75 fueron formalizadas.
Entre estas últimas se encuentran 35 por el delito de apremios ilegítimos, cinco por lesiones graves, 18 por vejaciones injustas y seis por torturas.
Las protestas, consideradas las más grandes desde el fin de la dictadura militar en 1990, abrieron el camino para iniciar un proceso constituyente, pero una propuesta de carta magna elaborada por convencionales electos fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre.
El Congreso Nacional dirige las conversaciones con los principales partidos políticos para avanzar hacia un itinerario que conduzca a una nueva ley fundamental.
Sin embargo, el tema está entrampado en el Parlamento y existen diferencias en temas sustanciales como la composición del órgano encargado de redactar la propuesta, el papel de los expertos, los escaños reservados y los plazos del proceso. De hecho la derecha se negó a sellar un pacto este mes de octubre cuando se cumple un nuevo aniversario del estallido.
Este 18-O fue el primero bajo el Gobierno de Gabriel Boric, un exlíder estudiantil que participó en la firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que puso fin a las protestas.
En un mensaje desde el Palacio de La Moneda, el mandatario reconoció que se ha avanzado poco en los cambios necesarios para la ciudadanía y todavía no se concretan las reformas para resolver los derechos sociales de los chilenos y chilenas.
Recordó que en 2019 millones de personas se manifestaron por una vida segura, una salud digna, una educación de calidad, por mejores jubilaciones y otras demandas.
A tres años, es tiempo de salir de nuestra zona de confort para interpretar lo que ahí pasó y atender las lecciones que se deben sacar de ese proceso, dijo.
Boric llamó a los políticos a ponerse de acuerdo y aprobar asuntos importantes, como la reforma previsional para asegurar pensiones dignas, la de salud para evitar las listas de espera en los hospitales y la tributaria.
Para conmemorar la fecha, este año hubo manifestaciones en la céntrica Plaza de la Dignidad, epicentro del estallido, y también en varias comunas capitalinas y en ciudades como Valparaíso, Temuco y Concepción.
“Estoy aquí por dos motivos: uno como brigadista de derechos humanos para resguardar la integridad de los manifestantes y como mujer de izquierda para reclamar justicia social, que es el único camino para la paz social”, dijo Gilda San Martín, en declaraciones a Prensa Latina.
A tres años del estallido, recordó, la realidad no ha cambiado mucho, continúa la precarización laboral, un sistema neoliberal que oprime a la ciudadanía y los jóvenes se endeudan para poder estudiar.
Rodeados por un fuerte dispositivo de seguridad, los manifestantes intentaron caminar por la avenida de La Alameda en dirección al Palacio de La Moneda, pero fueron reprimidos por los carabineros con carros lanza agua y gas lacrimógeno.
Durante las protestas también se registraron 150 eventos de alteración del orden público, 15 saqueos y hubo 195 detenidos, según un balance ofrecido por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no se registraron víctimas mortales, pero sí 18 civiles resultaron lesionados, 14 de ellos producto de la explosión de una bomba de ruido en un establecimiento educacional en la comuna de Peñalolén.
En opinión de algunos analistas, la tensa situación que vive Chile, agravada por dos años de pandemia y los problemas internacionales, podría generar mayor inestabilidad porque el detonante de la crisis todavía está vigente.
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