En una misiva dirigida recientemente al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, el presidente de la RASD, Brahim Gali, indicó que ese cese de hostilidades duró casi 30 años, como parte de un Plan de Arreglo de la ONU y la antigua Organización de la Unidad Africana, hoy Unión Africana.
Dicho programa fue aceptado por el Frente Polisario (FP) y Marruecos, en agosto de 1988 y aprobado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en sus resoluciones, sostuvo el también Secretario General del mencionado FP.
Consideró que, como denunció en octubre de 2021, fue Rabat la que desplazó sus tropas en la denominada franja de protección de Guerguerat, en los territorios libres saharauíes, para atacar a los civiles que protestaban de forma pacífica contra la ilegal ocupación marroquí.
El jefe de Estado valoró, asimismo, que Marruecos torpedeó con impunidad el alto el fuego de 1991 y lo acusó de ser responsable de los incumplimientos, incluidos los que afectan la presencia y funcionamiento de la Misión de Naciones Unidas para realizar un referéndum sobre autodeterminación en el Sahara Occidental.
De acuerdo con el máximo líder del FP, en los últimos dos años, al menos 24 civiles, entre ellos un niño de 15 años, resultaron asesinados y otros 12 heridos por ataques de vehículos aéreos no tripulados empleados por fuerzas militares de Marruecos.
Más adelante pide en la misiva a Guterres la urgente actuación de éste para que Rabat libere de forma inmediata e incondicional a los presos políticos saharauíes, para de esa forma poner fin al sufrimiento de las personas apresadas y sus familiares.
En diversas ocasiones el FP reiteró la necesidad de encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable con las autoridades marroquíes que, en correspondencia con documentos de la ONU permita la autodeterminación del pueblo de Sahara Occidental.
Sahara Occidental es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la ONU. El área está ocupada en su mayoría por Marruecos, lo cual rechazan numerosos países del mundo.
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