Según la agencia de noticias Télam, los detenidos son el líder de esa agrupación, Jonathan Ezequiel Morel, y otros dos miembros (Gastón Guerra y Leonardo Sosa).
Como parte de las indagaciones, los oficiales realizaron registros en 11 locales y continúa la búsqueda de una mujer llamada Sabrina Basile.
De acuerdo con ese medio de prensa, Morel y otros integrantes de esa organización adquirieron siete millones de pesos (alrededor de 46 mil dólares) entre diciembre de 2021 y agosto del presente año.
Esos fondos fueron obtenidos mediante fideicomisos de la empresa Caputo Hermanos, perteneciente a familiares del exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo, quien es también primo de Nicolás, amigo del expresidente.
Morel declaró que recibió el dinero por trabajos de carpintería, pero los investigadores apuntan que esas cifras son muy elevadas para un negocio pequeño como el suyo.
Durante los últimos meses, miembros de Revolución Federal arrojaron antorchas encendidas contra la Casa Rosada y colocaron en la Plaza de Mayo guillotinas y bolsas mortuorias con fotos de la vicemandataria Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández.
Además, agredieron y amenazaron a otros funcionarios y reclamaron “balas para el kirchnerismo”, entre otras acciones violentas.
Recientemente, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, presentó una denuncia contra ellos y entregó a la Justicia audios obtenidos de la cuenta en Twitter de ese grupo que sugieren sus lazos con los autores del intento de asesinato conta la ex jefa de Estado.
Las grabaciones permiten inferir cierto vínculo con el ataque y en sí mismas constituyen delitos e instigación a la violencia contra el orden público, señaló Rossi.
Por su parte, la también titular del Senado se presentó como querellante, pidió profundizar las indagaciones sobre el atentado perpetrado el 1 de septiembre y aseguró que los cuatro detenidos por el mismo no son los autores intelectuales del hecho.
Los abogados de la vicepresidenta, Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron unificar las causas contra Revolución Federal y los implicados en el intento de asesinato, pero la Cámara Federal determinó que los casos deben ser analizados por separado.
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